- La medida estuvo impulsada por el Canciller Jorge Taiana, a partir de indicios de irregularidades.
La Cancillería detectó irregularidades en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para importar automóviles libre de impuestos y desplazó al titular del área, además de realizar la correspondiente denuncia judicial.
El funcionario removido es Jorge Matas, titular del Departamento de Franquicias e IVA, dependiente de la Dirección Nacional de Ceremonial, que tenía rango de ministro de segunda.
El canciller Jorge Taiana, ante la presencia de "indicios", ordenó en agosto pasado una auditoría de los años 2004, 2005 y 2006, que en octubre reveló la existencia de "irregularidades".
Un mes después, Taiana dispuso intervenir el área e iniciar sumario administrativo, y hoy la Cancillería concurrió a la Justicia -el caso recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide- para que determine si hubo delito y sus eventuales responsables.
El director General de Aduanas, Ricardo Echegaray, precisó que ya se están "gestionando los antecedentes que hizo Cancillería para poder conocer cuáles fueron las franquicias falsas y así poder individualizar los vehículos involucrados", para disponer su "secuestro" y "disparar las alertas a todos los puntos de frontera para impedirles la salida del país".
El Código Aduanero prevé una pena de entre dos y ocho años de prisión a aquel que presente "una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere".
En el caso de funcionarios públicos, esa pena se incrementa a entre 4 y 10 años de prisión para el involucrado. Según dijo la Cancillería, el subsecretario de Cooperación, Rodolfo Ojea Quintana, confirmó que "presentamos ante la Justicia Penal las actuaciones administrativas resultantes de una auditoría interna que ordenó realizar en agosto pasado el canciller Taiana, en el Departamento de Franquicia de este Ministerio, ante indicios de supuestas irregularidades".
Ojea Quintana también ratificó el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas, legales, disciplinarias y patrimoniales que pudieran corresponder.
"De la Auditoría realizada por iniciativa de Taiana se detectaron varias irregularidades en relación con los trámites de concesión de franquicias y nacionalización de automotores y el cumplimiento del marco legal establecido", se indicó.
También se señaló que "surgieron además significativas cantidades de trámites en que las características de los vehículos y/o el escaso plazo entre la introducción a la plaza y su nacionalización permite cuestionar si han sido efectivamente introducidos para la finalidad prevista en la Convención de Viena".
Según detalló Cancillería, el 17 de agosto pasado, Taiana ordenó una "exhaustiva" auditoría interna en el Departamento de Franquicias varias, Patentes e IVA que depende de la Dirección Nacional de Ceremonial (DNERE) del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los elementos surgidos del informe se focalizaron en tres puntos: la introducción de automóviles con franquicia diplomática (libre de impuestos), la entrega de placa patente y la autorización para la nacionalización de dichos automotores. En noviembre, en tanto, se inició el sumario interno -que todavía está en proceso de ejecución- para avanzar en la investigación y comenzar a determinar las responsabilidades de carácter "legal, administrativo, disciplinario y patrimonial".
Luego, el canciller solicitó la intervención del Departamento de Franquicias para "ordenarlo, unificarlo y transparentarlo".
El informe de la auditoría interna fue elevado a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), así como también se le da intervención a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
Además, se adoptó un nuevo régimen de franquicias para la introducción de automotores importados para los funcionarios de las representaciones extranjeras. Actualmente, la Cancillería trabaja para realizar un censo de todos los automotores con chapas especiales y, para la investigación, contó con la colaboración de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Esta tarea se basa en "actualizar las chapas especiales para que tengan las mismas medidas de seguridad que las patentes comunes"; "que los autos con chapas especiales tengan una cédula automotor similar a la cédula verde"; "corroborar el universo de automotores con chapas especiales"; y "actualizar las bases de datos de la Cancillería para que estén conectadas con la AFIP, la Dirección de Aduanas y el Registro Nacional del Automotor", se indicó.
