La denuncia fue presentada por el interventor designado para el AFSCA, Agustín Garzón, luego de que el actual director del organismo se resistiera a dejar su cargo.
El Gobierno denunció penalmente esta tarde al director de la AFSCA, Martín Sabbatella, por los presuntos delitos de "incumplimiento del deber de funcionario público y abuso de autoridad".

La denuncia la presentó Agustín Garzón, designado por el presidente Mauricio Macri como interventor de la AFSCA, en los tribunales de Comodoro Py y la causa cayó en el juzgado de Julián Ercolini y será llevada por el fiscal Carlos Stornelli, pudo saber la agencia NA.

La presentación por esos presuntos delitos se oficializó luego de que Sabbatella advirtiera que no va a aceptar la intervención de la AFSCA que dispuso Mauricio Macri hasta tanto no se pronuncie la Justicia sobre la validez del decreto.

El Gobierno decretó hoy la intervención por 180 días de la Afsca y de la Aftic para remover a sus autoridades, Martín Sabbatella y Norberto Berner, y en los argumentos de la medida acusó a los dirigentes de no cumplir con las obligaciones de sus cargos.

En el decreto 236/2015, el Poder Ejecutivo explicó que "el artículo 42 de la Constitución establece que los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno", y para ello "coloca en cabeza de las autoridades proveer a la protección de esos derechos".

"El artículo 1° de la Ley N° 26.522 establece como políticas de Estado la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación", subrayó el Gobierno, pero señaló que "desde 2009 no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia".

Según señala el decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de
Comunicaciones, Oscar Aguad, "las autoridades competentes no han instrumentado los mecanismos establecidos en la ley, omitiendo efectuar revisiones regulatorias por más de un lustro, lo que implica un claro perjuicio para el sector y,
especialmente, para los usuarios y consumidores y la población en general".

"Durante los seis años transcurridos desde la sanción de la Ley N° 26.522, tanto la industria de los servicios
audiovisuales como la tecnología de trasmisión de datos, han sufrido cambios sustanciales debido a la incorporación de diversas tecnologías y el ingreso de nuevos actores no advertidos por las autoridades de ambos entes, que han omitido la instrumentación de medidas específicas para afrontar los
cambios necesarios", resaltó el DNU.