El juez federal Julián Ercolini ordenó esta tarde allanar la sede de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), intimó a retirarse a quienes se encuentren en el edificio y dispuso desalojarlo con la Policía Federal en caso de ser necesario.
El juez federal Julián Ercolini ordenó esta tarde allanar la sede de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), intimó a retirarse a quienes se encuentren en el edificio y dispuso desalojarlo con la Policía Federal en caso de ser necesario.

Ercolini hizo lugar así a medidas pedidas por el fiscal federal Carlos Stornelli al requerir impulsar la denuncia presentada contra quien fue hasta ahora titular de la Afcsa, Martín Sabbatella, por el designado interventor del organismo Agustín Ignacio Garzón.

En la resolución firmada pasadas las 14, Ercolini ordenó las medidas con el fin de "preservar el patrimonio" del Estado Nacional y aclaró que está pendiente en otro fuero, el Contencioso administrativo federal, resolver si el decreto de intervención del organismo es o no válido.

"Sin perjuicio de la solución a que se arribe en el fuero contencioso administrativo federal, pudiendo estar en riesgo los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, así cómo documentación relativa al organismo y hasta tanto se resuelva la cuestión por los canales políticos y judiciales competentes, corresponde realizar medidas urgentes orientadas a asegurar y preservar dichos bienes", advirtió el juez en la resolución.

Por ello "resulta indispensable ordenar el registro del lugar, intimar a los presentes a retirarse por sus propios medios inmediatamente del edificio, y en la eventualidad proceder al desalojo", ordenó.

Además dispuso realizar "una exhaustiva constatación del estado de los bienes del Estado que se encuentren en el lugar, dejando la debida consigna policial tendiente a garantizar que cesen los efectos de los delitos denunciados".

Las disposiciones del juez son "hasta tanto se resuelva en forma definitiva la cuestión que hace a la legitimidad de las medidas adoptadas" por el Gobierno Nacional al disponer la intervención.