El Gobierno nacional y la Justicia analizarán las propuestas de los interesados en adquirir la compañía en quiebra, que da trabajo a 5.000 personas.
El delegado Julio Gramajo indicó que en el inicio de la corta semana por las fiestas de fin de año se llevará a cabo una reunión entre los candidatos para comprar la avícola, el Gobierno y la jueza a cargo para intentar arribar a una solución.
"Tenemos una luz de esperanza", sostuvo Gramajo, quien puntualizó que los trabajadores pretenden que quien se haga cargo de la empresa "sea alguien que no deje afuera a la gente y que sepa cómo hacer un pollo".
Gramajo, en declaraciones a la agencia NA, señaló que hay "varios interesados" porque "saben lo que factura la compañía", mientras destacó: "Nosotros estábamos sacando 400 mil pollos por día. Ninguna empresa hace esa producción". El conflicto en Cresta Roja tuvo un quiebre la semana pasada cuando los operarios decidieron cortar totalmente la autopista y fueron reprimidos por Gendarmería.
En esa ocasión, los trabajadores se habían manifestado durante la mañana en Plaza de Mayo con el objetivo de entregarle un petitorio al presidente, Mauricio Macri, y, al no recibir una respuesta inmediata, decidieron endurecer los métodos de reclamo e impedir el acceso al aeropuerto de Ezeiza durante unas cuatro horas.
Luego de esos incidentes, los delegados de la Comisión Interna se reunieron con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y acordaron que los trabajadores recibirían una bolsa con productos de Navidad, alimentos para los pollos con el fin de retomar la actividad en las plantas, 4.000 pesos y una promesa de unos 6.000 para enero.
"Como Comisión entramos y salimos de la planta porque el Gobierno envió dos camiones de mercadería", señaló Gramajo. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires presentará este lunes ante la justicia un proyecto de inversión participada.
El jefe del gremio, Silvio Etchehun, ya informó que el proyecto se presentará ante el Juzgado Comercial Nº 18, Secretaría 35, a cargo de la jueza Valeria Perez Casado. En el conflicto había intervenido la gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, quien había criticado que había "responsabilidad de los empresarios" porque "cobraron millonarios subsidios y el dinero no llegó a los trabajadores".