El juicio oral por la tragedia de Once se constituyó en un proceso extenso para determinar las responsabilidades en el siniestro ferroviario que provocó 51 muertes y en el que están imputadas 28 personas, entre ellas ex funcionarios del último gobierno y empresarios del grupo Cirigiliano.


La etapa de instrucción estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien consideró que el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012 se produjo por una "triple alianza de corrupción" conformada por funcionarios del gobierno, empresarios y sindicatos "amigos".

El magistrado elevó el expediente a juicio oral, instancia que comenzó el 18 de marzo de 2014 y requirió de 135 audiencias divididas en presentación de imputados, testigos, peritos técnicos y contables, argumentos de las querellas, alegatos y réplicas.

Durante los 21 meses del juicio oral comparecieron ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) -que integran los jueces Jorge Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu- unos 216 testigos de los más de 370 que ofrecieron las querellas y las defensas.

En tanto, el fiscal del juicio, Fernando Arrigo, pidió condenas de hasta 11 años de prisión para todos los imputados por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado.

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Durante el juicio oral se intentó demostrar las distintas responsabilidades en el siniestro ferroviario, además de establecer si funcionaba o no el sistema de frenos, si hubo desvío de los subsidios del Estado por parte de los empresarios y si los funcionarios faltaron a su deber de controlar el servicio de trenes concesionado.

Los imputados en la causa por la tragedia de Once fueron inicialmente 29, pero en mayo de este año murió el ex subsecretario de Transporte y sindicalista del gremio La Fraternidad, Antonio Luna.

Entre los 28 procesados están los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero.

En el banquillo de los acusados también están los hermanos y ex directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Claudio Cirigliano, Roque Angel Cirigliano y Mario Cirigliano, quienes recibían los subsidios del Estado y debían aplicarlos para el servicio.

La lista se completa con otros funcionarios y miembros de TBA: Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Alvarez, Guillermo Alberto D'Abenigno, Jorge Alberto De los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés y Daniel Fernando Rubio.

Además, figuran Víctor Eduardo Astrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Rainieri, José Doce Portas, Laura Aída Ballestero, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola, Luís Alberto Ninoná.

Todos, a excepción del maquinista Córdoba, se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo, mientras el maquinista está imputado por el delito de descarrilamiento culposo.