Lo resolvió la jueza Cecilia de Negre. Es en el marco de un amparo contra el Ejecutivo, a fin de que se declare la nulidad de los decretos que resolvieron la intervención del organismo y el traspaso al Ministerio de Comunicaciones.

La jueza Cecilia de Negre rechazó la medida cautelar que pidió el ex titular de la Afsca, Martín Sabbatella, en el marco de la intervención de ese organismo y el traspaso al Ministerio de Comunicaciones.

La magistrada, antes de resolver sobre la cuestión, requirió al Estado Nacional demandado por Sabbatella a que en el término de tres días brinde un informe sobre el interés público comprometido alegado.

Sabbatella promovió acción de amparo, contra el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se declare la nulidad del Decreto nº 236/2015, por el cual se resolvió la intervención por el término de 180 días de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el cese en sus funciones del Directorio de dicho organismo, dejando en poder del interventor las facultades de gobierno y administración.

Además, pidió la nulidad del art. 23 decies, incisos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Nº 13/2015, de fecha 10 de diciembre de 2015 por el que se dispuso que las funciones y competencias del AFSCA pasarán al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones de la Nación.

Sostuvo que a través de los decretos que cuestiona, se han dañado "sus derechos y garantías constitucionales, su derecho al trabajo y al debido proceso, así como también, derechos emanados de una ley federal, como lo es la estabilidad en su cargo por un período de cuatro años, siempre que no haya una causal objetiva de remoción y se siga el procedimiento establecido".

Sabbatella requirió el dictado de una medida interina, por entender que se dan las condiciones legales de circunstancias graves e impostergables que ameritan su dictado.

La jueza rechazó la medida cautelar interina solicitada, pero ordenó "librar oficio a la accionada (al gobierno) a fin de requerirle produzca el informe previsto en el artículo 4, inciso 1º, de la ley 26.854 (que da cuenta del interés público comprometido); dentro del plazo de tres días.