Según indicaron fuentes del Gabinete de Seguridad mexicano, la ley del país sólo prevé castigos si el evadido hace uso de la violencia al momento de escapar.
En tanto, el comisionado nacional de Seguridad de México, Renato Sales, realizó durante cuatro horas un recorrido por El Altiplano para supervisar los esquemas de seguridad. La Comisión Nacional de Seguridad dijo que el penal cumple plenamente con los protocolos internacionales en materia de seguridad.

Joaquín El Chapo Guzmán Loera no enfrentará cargos por su fuga realizada la noche del 11 de julio de 2015, confirmaron fuentes del gabinete de seguridad del gobierno federal. Además según Indicaron en su reingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, en el Estado de México, al reo se le vuelve a asignar el número 3578 y se retoman los procesos que se venían realizado en su contra.

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Las fuentes consultadas explicaron que el Código Penal Federal (CPF) establece las sanciones para las personas que hayan colaborado en la fuga de un reo de ese fuero, incluso servidores públicos, pero para el evadido hay penas sólo en caso de que haya hecho uso de violencia.

"Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión"
, establece el artículo 154 del CPF.

Chapo traslado
En este marco se señala una pena de seis meses a nueve años de cárcel al que apoye la fuga de algún detenido, procesado o condenado.

Si el prófugo está implicado en delitos contra la salud, los colaboradores en la evasión recibirán de siete a 15 años de prisión, y si el evadido estuviera sentenciado el castigo aumenta a 20 años de cárcel.

"Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda"
, se establece en el artículo 150 del CPF.

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Tras la captura de El Chapo Guzmán el 22 de febrero de 2014, en Mazatlán, Sinaloa, dos jueces federales dictaron dos autos de formal prisión en su contra, se giraron otras cinco órdenes de aprehensión y se le vinculó con ocho procesos.

El líder del cártel del Pacífico, indicaron las fuentes consultadas, participará como testigo en el proceso que se abrió en contra de las personas detenidas por su fuga.

Entre una veintena de presuntos responsables detenidos se encuentran en el Altiplano, el exdirector del penal, Valentín Cárdenas Lerma; el abogado del capo Óscar Manuel Gómez Núñez, y su cuñado, Édgar Coronel Aispuro.