El decreto con que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la emergencia económica por 60 días comenzó a ser analizado este martes por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), que deberá aprobarlo o rechazarlo a más tardar este viernes y cuya mayoría opositora anticipó su predisposición a no refrendarlo.
El documento quedó bajo el estudio de una comisión integrada por 10 diputados opositores y cinco oficialistas, presidida por el economista José Guerra y cuyo vicepresidente, Elías Matta, advirtió que el decreto deja abierta la posibilidad de crear un "corralito" bancario.

Dada la obligación legal de que la Asamblea se expida en ocho días corridos desde la publicación del decreto en la Gaceta Oficial, "el jueves se dará el debate final y se tomarán las decisiones", anticipó el jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora, Julio Borges.

La reticencia opositora a aprobar el decreto se basa principalmente, según explicaron diversos voceros, en la falta de información oficial, la búsqueda de mayor poder por parte del gobierno y la falta de necesidad de una norma como esa para combatir la crisis económica.

"No podemos aprobar un decreto sin saber la realidad económica; que expliquen los números y las políticas a tomar, porque a simple vista parece que se quiere invalidar el control presupuestario y fiscal que debe hacer la Asamblea", afirmó Guerra.

Sin embargo, "no se sabe si se va a rechazar, nosotros no tenemos una posición determinada; la idea es evaluarlo y decidir sobre eso", agregó el economista.

En tanto, Matta sostuvo que "el gobierno no ha dado las cifras de la balanza comercial, no ha dado las cifras reales de las reservas internacionales del país, no ha dado las cifras de la caída del producto bruto interno, y estas informaciones son necesarias para poder evaluar bien el decreto".

Por ese motivo, se invitará a los titulares del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, y la petrolera estatal Pdvsa, Eulogio del Pino, a que "informen" a la comisión "sobre la crisis económica", informó Borges.

No obstante, tanto Matta como Borges revelaron la poca predisposición opositora a aprobar el decreto.
"Se habla de inflación inducida y de precios ficticios; el artículo 4 del decreto es un corralito", dijo Matta, y añadió: "¿Restringir dinero para qué? ¿Con eso pretenden reducir la inflación? La gente ya no cree, la gente no es estúpida."

"Este es un decreto que está hecho para que nosotros no lo aprobemos; es como una nueva habilitante o más que eso", sostuvo Matta.

En Venezuela, las leyes habilitantes son las que delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por decreto. Tanto Maduro como su antecesor, Hugo Chávez, dispusieron de varias de ellas, debido a la mayoría parlamentaria que el chavismo tuvo desde comienzos de 1999 hasta principios de este mes.

"El gobierno lo único que pide es más poder para manejar el presupuesto de manera casi discrecional, para manejar la moneda venezolana de manera discrecional y poder incluso intervenir empresas; tiene que decir a dónde vamos, porque no vamos a dar un cheque en blanco", señaló Borges.

El líder del bloque opositor agregó que "el gobierno ya tiene mucho poder sobre la economía; habla de una guerra económica permanentemente, pero quien tiene un manejo completo de la economía es el gobierno, ellos son dueños de todos los dólares que hay en el país, es tan poderoso que decide qué se siembra en Venezuela, tiene la red de distribución más grande del país y decide qué alimentos se tienen que comprar afuera para venderlos acá".

El decreto, publicado el viernes pasado en la Gaceta Oficial y cuyos contenidos fueron anunciados por el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, sostiene que el país enfrenta una "guerra económica" inducida por empresarios locales con el objeto de generar malestar entre los venezolanos y romper el "hilo constitucional".

El instrumento busca autorizar al gobierno para disponer de bienes privados para garantizar el abastecimiento de productos básicos y limitar el ingreso y el egreso de moneda local en efectivos, entre otras medidas.

Mientras tanto, Maduro se aprestaba a instalar esta tarde el Consejo Nacional de Economía, el organismo mixto con el que aspira a superar en tres años la severa crisis de inflación, desabastecimiento y escasez de divisas que sufre el país.

La reunión, que estaba anunciada para el lunes en el palacio presidencial de Miraflores, se reprogramó para esta tarde en el teatro Teresa Carreño, debido a "la gran cantidad de personas, provenientes de diversos sectores económicos, que quieren participar", explicó el vicepresidente ejecutivo del gobierno y titular designado del Consejo, Aristóbulo Istúriz.