El ministro Garavano despidió a cientos de trabajadores, entre ellos siete de los diez abogados que representan al Estado en el juicio por encubrimiento del atentado que se encuentra en pleno proceso. Dos entidades que agrupan a familiares de las víctimas reclamaron que se fortalezca la Unidad de Investigación.
Dos organismos que reúnen a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 pidieron este miércoles al gobierno que fortalezca la Unidad de Investigación que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia, luego del despido de siete de los diez abogados que representan al Estado en el juicio por encubrimiento en curso.

Uno de los planteos fue hecho por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) en una reunión que el grupo que lidera Laura Ginzberg tuvo en la sede ministerial con su titular, Germán Garavano, y el secretario Mario Cimadevilla.

En idéntico sentido se manifestó en un comunicado Memoria Activa, encabezada por Diana Malamud, otros de los organismos que nuclean a los deudos de los 85 muertos y cientos de damnificados por el atentado criminal a la mutual judía.

La unidad investigativa fue elevada al rango de Secretaría por el gobierno de Mauricio Macri pero el cuerpo de letrados que integran la querella estatal quedó diezmada tras la salida de las cabezas del grupo, ex secretario de Política Criminal, Luciano Hazám y de Elizabet Gómez Alcorta, quien encabezaba, además, el programa Verdad y Justicia.

"Para nosotros se trata de una contradicción que después de prometernos profundizar la investigación por el atentado se deje sin representación jurídica al Estado" en el juicio que se está llevando a cabo por encubrimiento, dijo Pablo Gitter de APEMIA, que participó del encuentro.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 de esta Capital se reanudará el 4 de febrero pero fuentes oficiales aseguraron que "es imposible que no haya representación del Estado" ya que desde el Ministerio "existe decisión de fortalecer ese equipo jurídico".

En un comunicado ministerial tras el encuentro, Cimadevilla consideró: "El esclarecimiento del atentado y las causas vinculadas es un objetivo primordial para nosotros, igual que para los organismos que nuclean a los familiares de las víctimas."

El proceso se inició en agosto del 2015 y se juzga al ex presidente Carlos Menem; al ex jefe de la SIDE al momento del atentado, Hugo Anzorreguy, y al ex juez de la causa Juan José Galeano, de un total de diez procesados entre los que está el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja.

Hazán, un penalista joven que representó a las Abuelas de Plaza de Mayo en numerosos juicios por apropiación de bebés durante la última dictadura, renunció en diciembre pasado por la naturaleza política de su cargo, y dejó la batuta del equipo en Gómez Alcorta.

Pero la abogada anunció días atrás su decisión de dejar el cargo luego de que se rescindieran los contratos y designaciones de diez integrantes del equipo del programa ministerial de Verdad y Justicia, en el que ella revistaba de manera formal.

Gómez Alcorta manifestó a Cimadevilla su intención de permanecer en su tarea hasta que responda con escritos una serie de cuestiones preliminares, como la objeción al dictado de falta de mérito sobre los secretarios de Galeano, que zafaron del juicio.

La renuncia de la letrada es a partir del 15 de febrero por lo que participará de las dos primeras audiencias del juicio por encubrimiento de este año.

Además del juicio, el equipo jurídico participa en otras cuatro causas colaterales, a cargo del juez federal Ariel Lijo.

Apemia también entregó a Garavano y Cimadevilla su proyecto de integrar una "comisión independiente" para el esclarecimiento del atentado, que aun tienen estado parlamentario y en su momento fue apoyado por los entonces legisladores opositores Fernando "Pino" Solanas, Victoria Donda y Martin Lousteau, actual embajador en Washington.

Según Cimadevilla, en la reunión hubo "acuerdo en que los mecanismos de apoyo a la investigación que planea el Ministerio de Justicia y los que promueve APEMIA no se excluyen".

Por su parte, Memoria Activa expresó su "gran preocupación dada la falta de personal de la Secretaría AMIA, y los recientes despidos de una abogada de la misma", así como por el despido de los periodistas de la agencia Infojus, dependiente del Ministerio de Justicia, que realizaban la cobertura especial del juicio.

"Solicitamos se tomen medidas y renueven esfuerzos con el fin de revertir esta situación, cuya solución, sin duda, será una contribución a la búsqueda de verdad y justicia en la causa AMIA", dijo el organismo.