Interpol ratificó las notificaciones rojas con pedidos de captura contra los funcionarios iraníes acusados en el marco de la investigación por el atentado contra la AMIA.
Fuentes judiciales confirmaron que Interpol accedió al planteo de los fiscales que intervienen en el caso, Sabrina Namer y Roberto Salum, al ratificar la vigencia de las alertas rojas.

Las alertas alcanzan a los funcionarios iraníes Moshen Rezai, Moshen Rabbani y Ali Fallahijan, sobre quienes pesan pedidos de captura internacional ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral
a cargo de la investigación del atentado contra la AMIA.

Las fuentes confirmaron que la Comisión de Ficheros de Interpol señaló en una respuesta cursada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que "la Argentina había proporcionado elementos suficientes para demostrar la validez de las orden de detención que sirvió de base para la publicación de notificaciones rojas en cuestión".

La UFI-AMIA respondió en octubre del año pasado a un pedido de ratificación de las alertas rojas para la detención de Alí Fallahijan, ex jefe del servicio secreto acusado de coordinar las tareas para la concreción del atentado; Mohsen Rezai, supuesto partícipe en la fase de implementación del ataque; y Mohsen Rabbani, ex agregado cultural señalado como "principal responsable de la logística local".

La Comisión de Ficheros, en el texto que llegó a la Justicia Argentina por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió que su finalidad "consiste en llevar a cabo una investigación a fin de sopesar pruebas o determinar la pertinencia de un caso".

"En relación con la aplicación del artículo 3 del estatuto de Interpol, la Comisión sostuvo que los hechos de que se trata constituyen un delito de derecho común y que aunque los casos examinados tienen una dimensión política, ya que son de gran importancia para Argentina e Irán, la información proporcionada no es suficiente para que los aspectos políticos de tales casos predominen sobre el carácter de derecho común que presentan los actos en cuestión", dice el texto.

Es que los acusados habían argumentado que los pedidos de captura se basaban en una cuestión política y que la prueba estaba viciada.

"Sobre la base de los elementos a su disposición, la Comisión concluyó que la conservación en los ficheros de Interpol de los datos objeto de litigio es acorde con la normativa de Interpol", sostuvo el organismo.