El juez federal Sebastián Casanello desestimó una denuncia iniciada contra el presidente Mauricio Macri por el dictado de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Un fiscal había cuestionado la legitimidad de los mismos, aunque sostuvo que no son ilegales.

De acuerdo al dictamen del fiscal Federico Delgado, y al no haber acusación, el juez rechazó la denuncia por inexistencia de delito. La presentación también alcanzaba a la vicepresidente Gabriela Michetti y al jefe de gabinete Marcos Peña.

Así la justicia dispuso que no debe abrirse la denuncia que realizó la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos contra Macri, y los funcionarios que pudieron haber incurrido en el delito de sedición y abuso de autoridad por impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de uno de los poderes públicos del gobierno nacional.

El fiscal Delgado, que rechazó la apertura de la causa, aseguró que con el dictado de decretos desde el 10 de diciembre pasado no se había cometido ningún delito, aunque dudó de su legitimidad.

Embed
"La práctica que se denuncia es legal, pero es más difícil de sostener que sea legítima", había dicho Delgado en su dictamen antes de la resolución de de Casanello.

Ahora el juez concluyó que "frente a la solicitud del fiscal de desestimar el sumario por considerar que los hechos denunciados no constituyen delito, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso están satisfechos".

"Consecuentemente me veo impedido de pronunciarme a favor de la continuidad del proceso, pues la ausencia de acusador determina inexorablemente su cierre", falló el juez.

Embed
Casanello sostuvo además que el análisis de excepcionalidad para que el presidente pueda ejercer facultades legislativas no corresponde al fuero penal, sino que "es tarea de los jueces en lo contencioso administrativo".

En la denuncia se había cuestionado el dictado del decreto 13/15 que "disminuye el presupuesto educativo", el 83/15 que postuló a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces "en comisión" para la Corte, entre otros.