El acuerdo es para el desarrollo del yacimiento Loma Campana y fue llevado a Tribunales dentro del plazo de tiempo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7.
"Al momento de la firma del contrato con Chevron, ocurrido el 16 de julio de 2013, YPF consideraba que no estaba alcanzada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el 'acceso a la información pública', posición que había sido refrendada en sede judicial tanto en primera como en segunda instancia", indicó la empresa a través de un comunicado.

Sin embargo, indicó que "la decisión de incluir a YPF dentro de este decreto fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015".

De todos modos, la petrolera que preside Miguel Galuccio ratificó que "el acuerdo entre YPF y Chevron había sido suscripto dentro del marco de la Ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas".

"El carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones", señaló la compañía.

Asimismo, aclaró que "para la aprobación de todos sus contratos cumplió siempre con las normas nacionales e internacionales vigentes".