El juez federal Sebastián Casanello solicitó a Jefatura de Gabinete una copia de los documentos y decisiones administrativas relacionadas a las negociaciones que realizó con los holdouts por el pago de la deuda pública.

El juez federal Sebastián Casanello le pidió este martes a la Jefatura de gabinete de ministros a cargo de Marcos Peña, copia de la documentación y las decisiones administrativas relacionadas a las negociaciones que realizó con los denominados fondos buitre por el pago de la deuda pública. De esta forma, coincidió con el dictamen del fiscal Federico Delgado, quien había dado impulso a la investigación.

Delgado se pronunció a favor de "abrir una investigación penal" en el marco de una denuncia realizada ayer contra el presidente de la Nación Mauricio Macri y senadores y diputados nacionales por su supuesta "autoría o participación" en la negociación del pago de la deuda con los fondos buitre.

"Creemos que hay que abrir una investigación penal", dijo el fiscal, aunque escéptico reflexionó que "las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan", de acuerdo al dictamen al que tuvo acceso minutouno.com.

Casanello recibió ayer la denuncia presentada por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis en representación del instituto "Arturo Sampay" por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".

Hoy el fiscal Delgado presentó su dictamen a Casanello, en el que impulsa la apertura de la investigación.

Entre las medidas, el fiscal recomendó al juez "librar una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación, para que de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los 'fondos buitres', ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo".

"Con esos instrumentos, VS deberá encomendar también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154", consideró el fiscal.

El fiscal estimó que existen limitaciones en este tipo de investigaciones. "Cuando ocurre en derredor de los holdouts (fondos buitres) es verdaderamente complejo. Más el límite del sistema judicial está fijado por los hechos que ya ocurrieron y eventualmente sobre sus consecuencias: no sobre lo que está por ocurrir. Ello significa que si se derogan y sancionan nuevas leyes para nuevas políticas públicas, la fiscalía tampoco puede hacer nada", indicó el fiscal.

Sin embargo, advirtió "de todas maneras, es factible investigar lo que pasó hasta ahora. No abarca toda la cuestión obviamente. Quizás es un simple grano de arena en una gran playa pero, después de todo, las playas son más que un agregado de granos de arena".

En la denuncia, la entidad pide investigar una supuesta "delictiva negociación" con los "fondos buitre". Solicitaron además a Casanello que dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya "sentencia definitiva" en la causa.

Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por U$S 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6% de los bonistas que no ingresaron al canje de año 2005, mientras que para los 93% que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares.

En la denuncia de afirmó que "El gobierno de Macri, mediante un DNU firmado el 22 de diciembre, ha puesto en marcha un megacanje de deuda, por un total de u$s 16.099 millones, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional, ya que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%".

" La cifra de la operación podría trepar a u$s 65.000 millones tal como lo anunció el Ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA. En la operación participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs...Es decir que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba, por lo cual podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar".

Para el fiscal, "sobre estos hechos se tiene que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron las arcas públicas".