El juez federal Sebastián Casanello ordenó la creación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para que establezca definitivamente y en un plazo de 20 días bajo qué condiciones está funcionando el establecimiento minero Barrick Gold y si las mismas son las adecuadas "para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad".
Los funcionarios de los distintos ministerios designados deberán además presentarse el 29 de marzo en el juzgado para informar sobre los expertos que visitarán la mina y ultimar los detalles de la misma.

Así lo dispuso el juez en el marco de un pedido de medida cautelar para el cierre preventivo del establecimiento minero "Barrick Gold", ubicado en Veladero, provincia de San Juan. Antes de expedirse sobre el cierre, el juez ordenó varias medidas.

Como querellante, la asamblea "Jachal no se toca", basó su petición de cierre en que la empresa no había actuado conforme el plan de contingencia previsto en su informe de impacto ambienta
l, "lo cual podría haber contaminado el agua y los alimentos que consumen las poblaciones cercanas a la zona del derrame".

En la comisión tendrán participación la asamblea "Jáchal no se toca" y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, y la coordinación del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. (PFA).

En la causa principal, el juez días atrás requirió un informe a la Facultad de Medicina de la UBA para determinar si el derrame de cianuro en la planta de Barrick Gold provocó afecciones a la salud de los vecinos del lugar

Ahora, en una nueva resolución, Casanello dispuso, en los términos del artículo 4° de la ley general de ambiente, la formación de una comisión de expertos de varios ministerios nacionales para determinar cómo está funcionando la Barrick Gold.

El juez quiere saber si las condiciones "son las adecuadas para neutralizar de modo absoluto los riesgos asociados a la actividad.

La medida ordenada consistirá en formar una comisión de expertos a fin de que se constituya en la mina y detalle paso a paso "el procedimiento de pila de lixiviación que efectúa la empresa para la extracción de oro -y demás metales- mediante el uso de cianuro".

También que "indique si encuentra fallas en el mismo que podrían generar un daño ambiental y/o la filtración de solución cianurada al río Potrerillos; enumere y describa las medidas adoptadas y toda modificación realizada por la empresa a partir del derrame ocurrido, entre otras medidas técnicas.

Dicha información deberá ser recolectada "en un plazo improrrogable de 20 días corridos, desde la formación de la comisión", advirtió el juez.

La comisión deberá estar integrada por personal idóneo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, personal idóneo de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía y Minería Nación y personal idóneo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y coordinada por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la PFA, quien deberá encargarse de la confección de las actas correspondientes y de tomar registros fílmicos y fotográficos de la integralidad visita".