Para la Justicia, el abandono premeditado del mantenimiento del material rodante fue ideado por la empresa Trenes de Buenos Aires y de los ex funcionarios del área de transporte. Los fundamentos de las condenas fueron conocidos este miércoles.
Según el Tribunal de Justicia, los empresarios y ex funcionarios de la secretaría de Transporte conformaron una "empresa criminal" que permitió un servicio ferroviario en un "deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad" y que "produjo un incremento indebido del riesgo", que terminó causando la tragedia ferroviaria del Sarmiento del 22 de febrero de 2012 por la que fueron condenados 21 acusados,
El tribunal oral federal 2 dio este miércoles a conocer los fundamentos de las condenas aplicadas por la tragedia ferroviaria de Once que causó 51 víctimas fatales y 789 heridos, en un fallo de 1415 páginas en los que se resume la responsabilidad de la empresa Trenes de Buenos Aires y de los ex funcionarios del área de transporte .
"Canallesca política empresaria", fue una de las frases que se reitera en el fallo que sintetiza el porqué de las condenas impuestas, entre ellas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime a 6 años de prisión. También fueron condenados una de las cabezas de TBA, Sergio Cirigliano a 9 años de prisión, Roque Cirigliano a 5 años y el ex secretario de la cartera Juan Pablo Schiavi, a 8 años.
"Sería imposible pensar tamaña treta sin la imprescindible colaboración de los acusados Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes en sus respectivas gestiones a cargo de la Secretaría de Transporte de la Nación tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de la operación del sistema de transporte ferroviario de pasajeros incluido, obviamente, la línea Sarmiento", advirtió el tribunal oral.
El 19 de diciembre pasado el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de la Ciudad condenó a 21 de los acusados por el choque de la formación "Chapa 16" contra el paragolpe de la terminal ferrroviaria de Once a penas de entre 3 y 9 años de prisión, por su responsabilidad en la tragedia que ocasionó 52 muertos y 789 heridos.

Las mayores penas las recibieron el ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y quien era secretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi, a quienes el TOF2 condenó a penas de 9 y 8 años de prisión, respectivamente, en tanto aplicó una penas de 6 años al anterior secretario, Ricardo Jaime.

El tribunal sentenció a los empresarios por el delito de "estrago culposo agravado" y a los ex funcionarios por los de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento.
"Me parece que las palabras que utilizó el Tribunal para describir lo que quedó probado son contundentes, habla de 'intereses espurios' y de la 'necesidad de complicidad con funcionarios públicos'. Si bien todavía no leí completo el texto de los fundamentos, en principio estamos satisfechos de que este día haya llegado", manifestó María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, fallecido en el choque.

El TOF2 consideró probado que ambos ex funcionarios "tenían acabado y pleno conocimiento del nefasto estado del material rodante como de la canallesca política empresaria que llevaba adelante la firma Trenes de Buenos Aires y, pese a todo, emplearon las artimañas burocráticas a su alcance para obturar toda posibilidad de que se adopte alguna medida para evitarlo".

Asimismo, afirmó que está probado que Sergio Claudio Cirigliano y varios directivos de la empresa "tomaron la decisión de omitir realizar las tareas de mantenimiento a su cargo y sistemáticamente no ejecutaron los planes que en tal sentido se encontraban obligados a cumplir".

"Así, permitieron que la flota de material rodante a su cuidado prestase servicio en un deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de confort y especialmente de seguridad en que se prestaba el servicio que, de por sí, produjo un incremento indebido del riesgo propio de una actividad particularmente riesgosa y específicamente reglamentada", agregó.