La Cámara Federal confirmó esta mañana al juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga supuestas irregularidades en la venta de dólar futuro y por la cual será indagada mañana la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Cámara porteña confirmó al juez federal Claudio Bonadio al frente de la investigación por la venta de dólares a futuro en el mercado a término por debajo del precio de mercado, por lo que se mantiene la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kircnher prevista para mañana miércoles.

La Sala II confirmó al magistrado al rechazar la recusación planteada por el ex director del Banco Central Pedro Biscay quien pidió apartar a Bonadio por temor de parcialidad y porque les ha negado, según la defensa, el derecho de defensa.

Bonadio seguirá adelante con la investigación y con las indagatorias previstas, entre ellas a la ex mandataria, quien se presentará mañana en los tribunales de Retiro.

Si bien para la Cámara, Bonadio no afectó el derecho a la defensa, le recomendó al juez que "en lo sucesivo... procure otorgar una rápida y regular respuesta a los requerimientos que se le formulen y notifique sus decisiones en debido tiempo y forma, evitando generar en el ánimo de las partes incertidumbre en torno al lugar desde el cual ejerce su función".

Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah consideraron que Bonadio no incurrió en ninguna causal como para apartarlo y confirmaron a Bonadio que de esta manera seguirá adelante con la investigación y con las indagatorias previstas, entre ellas a la ex mandataria, quien se presentará mañana en los tribunales de Retiro.

La Cámara Federal porteña escuchó ayer los fundamentos del pedido de apartamiento que hizo otros de los acusados, el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Biscay.

Los defensores de Biscay, Alejandro Rúa y Paula Honisch insistieron en que Bonadío debía ser apartado por temor de parcialidad. Lo recusaron porque el magistrado les negó fotocopiar parte del expediente, con lo que consideran que se les ha negado el derecho de defensa.