En medio de la polémica por la utilización de la aplicación, el fiscal porteño Martín Lapadú solicitó al Ente Nacional de Telecomunicaciones que se bloqueen las plataformas digitales a través de las cuales se accede a los servicios de Uber.

La Fiscalía porteña requirió al organismo que se bloqueen las plataformas digitales a través de las cuales se accede a los servicios de Uber, en el marco de la investigación que inició de oficio por uso indebido del espacio público con fines de explotación comercial.

La investigación es llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, Martín Lapadú, y el Fiscal Roberto Néstor Maragliano, quienes iniciaron de oficio la investigación al ser advertidos de Uber y el desarrollo de sus actividades, sin la debida autorización.

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El fiscal Lapadú ordenó una medida cautelar al Ente Nacional de Telecomunicaciones, la dependencia encargada de que se arbitren los medios necesarios para bloquear la aplicación y el acceso al sitio web.

"Ha quedado demostrado que la empresa organiza una actividad lucrativa en la vía pública para la cual no tiene la habilitación correspondiente ni registran solicitud de trámite alguna", indicó el fiscal.

Además, explicó que "la medida cautelar del bloqueo de la página web y de la App a resulta ser el medio más idóneo para hacer cesar la continua y permanente contravención en que se sigue incurriendo".

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También destacó el riesgo para la seguridad vial que significa el transporte de pasajeros sin el correspondiente registro profesional, así como la falta de los correspondientes seguros para cubrir eventuales accidentes.

Esta medida se suma a los allanamientos realizados en pasado día viernes, en los que se recolectó evidencia para avanzar en la investigación.

Los fiscales entendieron que la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los pasajeros, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias, entre otras.

La legislación incluye la ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige para transportar pasajeros una licencia de conducir especial (conductor profesional, categoría "d", conf. Art. 20) y obliga a contratar un seguro para casos de siniestro, muy frecuentes en caso de automóviles.

Además, Uber infringe los artículos 6.1.73 y 6.1.74 de la ley 451 de faltas, que sanciona con multas a aquellas empresas de radio taxi que funcionen sin habilitación, y a quien asigne viajes requeridos por vía telefónica y por telefonía móvil de manera no autorizada.