La jueza porteña Claudia Alvaro ordenó la clausura y bloqueo preventivo de la aplicación para alquiler de autos con chófer Uber, su sitio web argentino y plataformas digitales vinculadas dentro de la ciudad.
Alvaro, titular del juzgado N° 16 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió este viernes "ordenar la clausura/bloqueo preventivo en los términos del art. 29 de la ley 12, de la página web https://drive.www.uber.com/argentina y las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa UBER TECHNOLOGIES INC, UBER ARGENTINA SRL o UBER B.V.".
Embed
De acuerdo a lo dispuesto, la medida estará limitada "al estricto ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; hasta tanto la empresa se adecue a la normativa de la Ciudad".
Embed
En la resolución, la magistrada libró los oficios correspondientes al Ente Nacional de Comunicaciones a fin de que "arbitre las medidas necesarias para que sea ejecutada por los prestadores que brindan el servicio a internet –incluyendo a los prestadores de servicios de telefonía móvil-: Telecom Argentina SA, AMX Argentina SA, Telmex Argentina SA, Telecom Personal SA, Telefónica Móviles SA, Telefónica de Argentina SA, Cablevisión SA, Nextel Communications Argentina SRL y Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas SA.".
"Tanto una página web como una aplicación, como texto o código inserto en internet y que puede ser adjudicado a un autor determinado –en este caso la firma 'UBER'- es, de acuerdo a la etimología española, un sitio susceptible de ser cerrado o inhabilitado temporalmente, o sea, un lugar tendiente a ser clausurado de manera preventiva", sostuvo Alvaro en su sentencia.
También dio por acreditado que se cumplen los requisitos habilitantes para el dictado de la medida cautelar -un peligro en la salud o la seguridad pública-, y consideró que "el obrar de la firma imputada por fuera del marco reglamentario de la Ciudad en materia de transporte constituye una actividad riesgosa que pone en peligro la seguridad pública, por cuanto es desarrollada sin control ni supervisión del Estado".