Jorge quiere ayudar a su familiar, quien padece una grave enfermedad, pero la Justicia se lo impide porque no es "capaz". Un caso inédito que podría sentar jurisprudencia.

Alfredo Gandur, un reconocido médico alergista de 63 años que vive en Mendoza, padece una grave enfermedad renal que lo obliga a someterse a un trasplante y su hermano Jorge, quien tiene síndrome de Down, está dispuesto a donarle un riñón. Sin embargo, la resolución está hace un año en manos de la Justicia.
El conflicto radica en que la decisión está atada a la ley nacional de trasplante, que sólo permite la donación a personas "capaces" y mayores de edad. Según la defensa, la norma no incluye las nuevas disposiciones jurídicas nacionales e internacionales sobre discapacidad.
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Se trata de un caso inédito en el país, que podría sentar jurisprudencia. Situaciones similares aparecieron sólo en España y los Estados Unidos, informó días atrás el diario Los Andes de Mendoza.
La defensa de los hermanos y los organismos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad reclaman al tribunal que revea su postura y tenga en cuenta la opinión de Jorge. Mientras tanto, la Justicia insiste con nuevos estudios antes de determinar si finalmente será sometido a la tradicional evaluación que se les realiza a los posibles donantes.
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Según detallan, a pesar de la resistencia del juez Osvaldo Daniel Cobo, del Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas N° 4, y luego de estudios médicos favorables de la Universidad Nacional de Cuyo y de histocompatibilidad, hubo un informe judicial psiquiátrico que demoró aún más todo.
Alfredo explicó que el primer test fue "muy general", razón por la cual el juez pidió una ampliación, que fue hecha por dos psicólogas -la médica psiquiatra estaba enferma- y reportó resultados negativos.
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"El informe dice que Jorge desconoce qué es una donación. Pero el problema es que lo hicieron en cinco minutos, a las apuradas, fuera de ambiente y contexto; por eso hemos pedido al juez por escrito que se vuelva a realizar por la misma médica inicial", reclamó el médico.
Hace dos años, debió apartarse de su cargo de titular del servicio de Inmunología Clínica y Alergia del Hospital Central, el principal de la provincia. En 2007, la poliquistosis renal detectada estaba avanzando sobre su cuerpo, por lo que tuvo que someterse a tratamiento de diálisis. Sabe que no hay cura a su afección.
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"Me deterioro día a día; la diálisis es un tratamiento de sostén. Si el juez fuera nefrólogo, sabría que la diálisis es un puente hacia el trasplante. Hoy estoy hablando y mañana estoy en una aviso fúnebre", explicó la gravedad de su situación.
En tanto, la Defensoría de las Personas con Discapacidad, que dirige Juan Carlos González, mira con gran preocupación el tema y exige una respuesta favorable de la Justicia. El organismo aduce que las leyes actuales nacionales y convenciones internacionales avalan a la persona con discapacidad en su toma de decisiones.