Diputados nacionales pidieron que se disponga el embargo de bienes respecto de todas aquellas personas que se beneficiaron con el cobro ilegítimo de tales contratos.
Los diputados nacionales Héctor Recalde, Diana Conti, Carlos Moreno, Juliana Di Tullio , Carlos Kunkel, Teresa García y Rodolfo Tailhade ampliaron la denuncia formulada semanas atrás ante el juez Sergio Torres, reclamando ahora en primer lugar que se ordene al Banco Central suspender el pago de los contratos de dólar a futuro.
Asimismo, a través de un comunicado, anunciaron que también le pidieron que se disponga el embargo de bienes respecto de todas aquellas personas que se beneficiaron con el cobro ilegítimo de tales contratos, "después que el actual gobierno dispusiera una devaluación de la moneda nacional de casi un cincuenta por ciento".
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Los legisladores pusieron de manifiesto la "gravedad institucional" que significa que los mismos funcionarios del gobierno, ya sea desde el Banco Central, como su director Pablo Curat, o bien desde la jefatura de Gabinete, como Mario Quintana, que dictaron las resoluciones para liberar el mercado de cambio y negociaron el precio del pago final de estos contratos sean las mismas personas que aparecen, según se ha publicado y no desmentido, comprando cifras millonarias en dólares por esta operatoria.
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Además, también reclamaron que se investigue el "blindaje judicial y mediático que el gobierno de Macri ha obtenido a partir de la actuación delictiva del juez Claudio Bonadio, quien autorizó el pago de estos contratos y desvió la investigación a su cargo, evitando citar y pedir explicaciones a los compradores de dólar a futuro que obtuvieron ilícitamente beneficios millonarios, entre los que también se encuentran amigos personales del Ingeniero Mauricio Macri, como por ejemplo Nicolás Caputo, funcionarios de su gobierno como Gustavo Sebastián Lopetegui y José María Torello, y empresas de medios de comunicación o vinculadas a éstas como el diario La Nación y Cablevisión SA".
Finalmente reclamaron también que "la investigación penal promovida por el Fiscal Federal Jorge Felipe Di Lello se extienda a la conducta desarrollada por los Jueces de la Sala II de la Cámara Federal Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani quienes, a través de una resolución que se califica de prevaricato, decidieron mantener al Juez Bonadío, pese a encontrarse penalmente denunciado, al frente de la investigación sobre dólar futuro, profundizando así la maniobra de encubrimiento y manipulación de la justicia denunciada", aclara el escrito.