El fiscal Carlos Gonella dejará la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y pasará desempeñarse en la Unidad de Litigio Estratégicos.
Gonella será reemplazado por Gabriel Pérez Barberá que viene de ser fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico y por María Laura Roteta quién, además de haberse desempeñado en una fiscalía de Comodor Py, viene trabajar como fiscal federal en La Plata.

"El cambio los dispuso la procuradora Alejandra Gils Carbó. Es parte de la rotación habitual, en casi todas las procuradurías han cambiado las autoridades", explicó a Télam una fuente de la Procuración General de la Nación.

Después de conocerse la noticia, Gonella compartió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Gracias a todos por el aguante y el cariño. Empieza una nueva etapa, ya tendrán noticias. Como dije siempre 'no somos, estamos´, escribió.

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Oriundo de Córdoba, donde aún vive su familia, hacía meses que Gonella quería dejar el cargo para volver a su provincia, informaron fuentes judiciales, que además relataron que la disposición por la cual se promoverán los cambios será firmada por Gils Carbó el lunes y tendrá efecto en luego de otros 15 días.

Gonnella estuvo 4 años al frente de la Procela, una procuraduría que radicó 372 denuncias penales, abrió 315 investigaciones preliminares, prestó asistencia ante 490 pedidos de colaboración de diversas fiscalías, de acuerdo a una estadística del año pasado; aunque su nombre se hizo más conocido cuando fue acusado de ejercer presión para que no se investigara a Lázaro Báez durante los inicios de la causa por lavado de dinero en 2013.

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Aunque Gonella siempre negó la acusación, este año, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento en su contra que había sido dictado en primera instancia por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Gonella fue uno de los fiscales cordobeses que intervino en la elevación a rucio oral de la acusación contra el ex presidente Carlos Menem en la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.

También intervino en algunas causas de alto impacto mediático como en la que se investigó al periodista Fernando Niembro, quien como dueño de la productora La Usina le facturó al, por entonces gobierno porteño de Mauricio Macri, servicios publicitarios por 20 millones de pesos.