Mauro Szeta
Mauro Szeta
A esa conclusión llegó un auditor porteño en un duro informe sobre la tragedia de Costa Salguero.
"El 11 de abril deberían haber comunicado que la fiesta se suspendía porque la documentación no estaba completa, desde allí comienzan las irregularidades", sostuvo el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Del Gaiso.

"Es ingenuo el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) cuando va a la Legislatura y dice que al 11 de abril la documentación estaba completa. Lo estuvo recién el 14", agregó y dijo sin dubitar: "Desde el punto de vista de los papeles, la fiesta se debió haberse suspendido".

Lo más grave de su denuncia fue el rol de los inspectores de la Ciudad. Le llamó la atención que hayan estado sólo a las 3 de la mañana. Eso tiene una explicación.

"No es inocente que los inspectores vayan a las 3 de la mañana a realizar la inspección; a esa hora le da la cantidad por debajo de las 11700 personas, y a las cinco hay 20 mil: el doble de la capacidad", denunció Del Gaiso en declaraciones a Nueva Ciudad.

Del Gaiso se basó en los propios datos del portal web de Costa Salguero para hacer ese análisis.

"Si se toma la superficie salón de los pabellones donde se realizó la fiesta- 5850m2- y se multiplican por dos (personas), que es lo que establece la normativa, la capacidad máxima para la Time Warp era de 11.700 personas, casi la mitad de la gente que efectivamente asistió", dijo.

"La cantidad de 20.500 personas –lo que registró la Justicia- incluso supera lo que en la página web de Costa Salguero determina de capacidades máximas de salón en modalidad cocktail que serán aproximadamente 15.000 personas", agregó el auditor.

Frente a esta irregularidad, Del Gaiso denunció que "la empresa, el 10 de marzo comenzó a vender en forma anticipada y agotó las mesas vip instantáneamente, es decir, ellos tenían la información de que iban a venir 20.000 personas. Sumado a que en la promoción de la fiesta informaban que en la Time Warp 2015 hubo efectivamente más de 15 mil personas, lo que también estuvo mal".

Para la justicia, la sobreventa de entradas es un indicio más en la trama criminal que derivó en las cinco muertes.

El fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello hicieron varias menciones al hacinamiento y a la sobreventa de entradas como parte de un negocio que lo único que perseguía era la comercialización de drogas en la fiesta y la compra a granel de agua.

Un negocio sin límites, que terminó en muerte.