Ambas cámaras de la Legislatura bonaerense aprobaron, incluso con el respaldo del PRO, la expropiación de la ex Acoplados Petinari que funciona desde el año pasado como cooperativa ante el vaciamiento de sus dueños. La gobernadora vetó la ley y ahora los trabajadores enfrentan el inminente desalojo judicial y el quedar en la calle.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, vetó una ley aprobada por ambas cámaras en la Legislatura bonaerense y dejó a unos 120 trabajadores de una cooperativa en la calle.

La iniciativa, que fue respaldada incluso por los legosladores que integran la alianza Cambiemos, apuntaba a expropiar la firma Acoplados Petinari que desde mediados de 2015 funciona como una cooperativa luego de que sus dueños la vaciaran y dejaran de pagar los sueldos de sus trabajadores.

Según consigna en su edición de este jueves el diario Página/12, la gobernadora vetó la ley que garantizaba el funcionamiento de la cooperativa que ahora quedó a la deriva y sin el amparo estatal. "Desde que la empresa dejó de responder a sus responsabilidades acumuló una deuda que supera los 50 millones de pesos a sus ex empleados entre salarios, aguinaldo y aportes", explicó a ese matutino Luis Coronado, abogado que patrocinó a los trabajadores que se constituyeron en Acoplados del Oeste (ADO).

El proyecto para recuperar la planta había contado con el apoyo de las dos cámaras de la provincia, incluido el bloque PRO. "El veto nos llama la atención porque el Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación, visitó la planta con técnicos y después de relevar la situación envió un informe positivo a la gobernadora", agregó Coronado. El lunes pasado, el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón notificó a la cooperativa, que brinda 120 puestos de trabajo, que en 10 días se dispondrá una fecha de desalojo.

"Estamos hablando de una empresa en la que se acreditó el vaciamiento, que entre 2012 y 2015 despidió a 180 personas y que redujo el plantel al punto de quedar inoperable", sostuvo el abogado. Según contó Coronado, además de lo adeudado a quienes trabajaban en la empresa, la firma Petinari debe a la AFIP aportes y contribuciones desde 2009 y ganancias desde 2007.

Además, la ex metalúrgica acumuló una deuda comercial de 4 millones y medio de pesos y otra de unos 3,5 millones a ARBA. Por otra parte, a pesar de haber concretado varias audiencias en el Ministerio de Trabajo, las negociaciones fracasaron "y a la última instancia (los responsables de la firma) ni siquiera se presentaron", aseguró el letrado. "Esta fue la conducta económica de una empresa que defiende la propiedad privada", ironizó.

Claudio Caponera, otro de los abogados que acompaña a ADO, contó a Página/12 que los trabajadores ya fueron notificados para abandonar la planta en el corto plazo. Al respecto, cuestionó la aplicación del Derecho Penal a quienes trabajan y no a los titulares de las empresas. "La actual Ley de quiebras es de la década del 90 y no contempla un castigo para el empresario que se desliga de sus responsabilidades", comentó Caponera. Así, por ser más sencillo de corroborar, "la usurpación se castiga porque ya se cometió el delito, a diferencia del vaciamiento, que requiere de una investigación mucho más extensa y complicada".

Luego del veto, diputados del kirchnerismo que habían impulsado la expropiación insistieron con el proyecto: de aprobarse nuevamente, Vidal ya no podría vetar de nuevo la norma. El tema iba a ser tratado en la sesión de este jueves. Sin embargo, ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el massismo no acompañó la propuesta de volver a tratar el tema, por lo que no se consiguió el dictamen positivo. "Los diputados del Frente Renovador, que habían palmeado la espalda de los trabajadores, hoy (por ayer) se dieron vuelta, por lo que la única posibilidad es que se trate sobre tablas, aunque ya dejaron trascender que no bajarán a votar", contó Caponera.

"Sabemos que la situación es muy complicada porque nos soltaron la mano", dijo el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez, por la decisión de última hora de los diputados massistas. El dirigente de ADO manifestó que no quieren que "la situación pase a mayores", pero no consideran dejar la fábrica. "No nos asusta el desalojo, pero sí volver a la calle", dijo el presidente de la cooperativa a Página/12.

Miguel Funes, autor del proyecto para expropiar la planta que fue vetado por la gobernadora, aseguró estar "preocupado" por la situación de ADO. "Sabemos que nuestro bloque acompañará el rechazo al veto y esperamos contar con el apoyo de otros bloques para evitar que estas 120 familias se queden en la calle", agregó. Para el diputado, "lo de la empresa no fue una impericia, sino una actitud voraz de querer sacar ventaja", por lo que "no hay motivos para defenderla, ya que demostró una conducta vaciadora y evasora". Funes también señaló que "la gobernadora está en su derecho de vetar esta ley", pero advirtió que "va camino a convertirse en una vetadora compulsiva como lo hacía Mauricio Macri en la Ciudad".

"La realidad es que para Vidal el más débil es la ex Petinari a la que protege, no los trabajadores", consideró el diputado kirchnerista. Según explicó, la cooperativa autogestiva ADO no está en contra de articular con el gobierno nacional ni el provincial: "Bienvenido sea si llega este apoyo, que es más que necesario para ellos, pero en cambio, la gobernadora eligió premiar a un sector que fue irresponsable con el trabajo de mucha gente", sentenció.

La fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados, carrocerías volcadoras, semirremolques, bateas, contenedores y repuestos en general. El conflicto se originó en febrero de 2015, cuando en la planta ya se había reducido a 188 empleados: tres años atrás funcionaba con 374. El 7 de julio se constituyó como cooperativa y en agosto del mismo año inició el proyecto de expropiación, aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el poder Ejecutivo a través del decreto 307/2016.