La solicitud del fiscal Federico Delgado también alcanza a los organizadores de la fiesta electrónica que se realizó en el complejo Costa Salguero, en la que murieron cinco jóvenes.

El fiscal federal Federico Delgado solicitó este lunes los procesamientos con prisión preventiva para el abogado Víctor Stinfale y los organizadores de la fiesta electrónica Time Warp, en el complejo de Costa Salguero en la que fallecieron cinco jóvenes.

En un dictamen, el fiscal solicitó al juez Sebastián Casanello los procesamientos por los delitos de "facilitación del comercio de sustancias estupefacientes con la intervención de tres o más personas organizadas y en un sitio donde se realizaba un espectáculo o diversión pública y abandono de persona".

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Delgado pidió que sean procesados Stinfale, actualmente con prisión domiciliaria, Adrián Conci, presidente de Dell Producciones; los apoderados Maximiliano Ávila y Carlos Garat (este último responsable del plan de evacuación).

También pidió el procesamiento del empresario Martín Gontad, considerado como el rey de las fiestas electrónicas y de las tres personas con pedido de captura, Walter Santángelo, Diego Herrera y Facundo González, vinculados a la organización.

Para el fiscal, la organización de la Time Warp "no fue obra de una empresa asociada a otras. Fue obra de un conglomerado empresario que tiene múltiples rostros".

"Todos ellos contribuyeron a la creación de un hecho que terminó con la muerte de cinco personas. Realizaron un aporte necesario: la tolerancia intencional (o la indiferencia voluntaria) revelada por la inacción. O sea, un caso típico en el que no hacer lo debido se convierte en una acción.

"La responsabilidad, como veremos, es múltiple pero expresa lo uno. Operó en forma de cadena y el eslabón madre tiene la marca registrada del negocio, pues el dinero fruto del mismo, financia los eslabones que ligan: un mercado para narcos y consumidores, un mercado para vender los productos de Energy Group (fundamentalmente el agua Block y la bebida energizante Speed), una zona gris donde se produce la (tóxica) metamorfosis del interés público y el privado –o la privatización del primero- habitada por las fuerzas de seguridad (como hipótesis de mínima a través de ese mal endémico "los servicios adicionales" que suplen salarios insuficientes, o como hipótesis de máxima, administración de ilegalismos mediada por incentivos monetarios); inspectores locales que hacen la vista gorda, desconocen y se refugian en cierta racionalidad reglamentaria que fragmenta su control hasta reducirlo a un cálculo abstracto...", dice el dictamen al que tuvo acceso minutouno.com

Luego dedica varios párrafos a Prefectura y el rol de esa fuerza en el episodio de la bolsa con drogas entregada varias horas después de haber sido halladas,

"También tenemos una imagen bastante nítida del rol del estado local, expresado por los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires imputados (los Inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de la CABA/ Gerencia Operativa de Eventos Masivos: Gustavo Alberto Herms, Nestor Ricardo Cella y Pablo Germán Fontanellas) y en sus superiores jerárquicos, Claudio Iacobaccio, Titular Gerencia Operativa y Fernán García Vazquez, Coordinador, que estuvieron también en el lugar de los hechos.