En una sesión que terminó abruptamente y con escándalo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries sancionó la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica que reclamaba el gobierno de María Eugenia Vidal para acelerar los procesos de gestión.
Los diputados de Cambiemos con el acompañamiento de la bancada del FR, el Gen y aliados menores se impusieron en una votación resistida por los bloques opositores del FpV, FpV-PJ, Peronismo para la Victoria-FpV y el FIT.

Estos últimos se mostraron sorprendidos por una moción de orden que cerró el debate y puso en votación el proyecto de ley, tras lo cual hubo gritos y algunos forcejeos.

La iniciativa había sido aprobada en la Cámara de Senadores con un amplio apoyo proporcionado por las bancadas de Cambiemos, el FR y el PJ, aunque esta última bancada votó en particular en contra de algunos artículos.

En la Cámara de Diputados el proyecto ingresó formalmente la semana pasada y, tal como estaba programado, fue puesto a consideración del plenario este jueves, incluido como moción de preferencia para ser tratado con o sin despacho.

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Luego de largas negociaciones que encararon los miembros del oficialismo, que incluyó la determinante visita del ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y un compromiso específico con el bloque del Frente Renovador para avanzar en las limitaciones de las reelecciones de Intendentes, diputados y concejales, el proyecto de ley se encaminó para el recinto, sin modificaciones a considerar.

Pero en la sesión de este jueves los diputados de los distintos bloques que antes conformaban un único bloque del FpV buscaron diferentes atajos a la hora de expresarse sobre la iniciativa puesta a consideración.

Solicitaron una cuestión de privilegio que la presidencia del cuerpo desestimó; luego, se pidió que trabajadores que se manifestaban en las adyacencias ingresaran a las gradas del recinto, y en esas circunstancias el presidente del bloque de Cambiemos estimó que no había voluntad de debatir el proyecto de ley y planteó la moción de orden: cerrar el debate y pasar a votación.

Luego de la votación se dio por terminada la sesión en medio de un griterío de reproches por parte de los miembros de los bloques que se opusieron, que reclamaban el "debate democrático"; e incluso hubo algunos forcejeos entre diputados y colaboradores que estaban en el piso.

La idea subyacente que empujó el proyecto de Emergencia Administrativa y Tecnológica; elaborado en el ministerio de Coordinación y Gestión que conduce Roberto Gigante, con la colaboración del secretario Legal y Técnico Julio Conte Grand; pretende instaurar procedimientos ágiles, con "el foco puesto en la provisión de bienes y servicios necesarios para poner en marcha la provincia", según dijeron.

Plantea la emergencia con una duración de un año, y por cuerdas separadas, propone algunos cambios normativos que son el puntapié inicial del plan integral de reforma de la gestión pública.

De esta forma en el Poder Ejecutivo pronostican reducir a la mitad los tiempos que insumen los trámites de licitaciones, que en promedio hoy son inviables: 6 meses para bienes y servicios -que es competencia de este nuevo proyecto- y entre 9 y 11 meses para obra pública -que compete el proyecto de Ley de Emergencia en Infraestructura.

El punto técnico de mayor discusión del proyecto, independientemente de las cuestiones políticas, fue el tercer Título de la iniciativa, que comprende del artículo 22 al 28.

Allí se habla sobre la Regulación del contrato de servicio y régimen salarial del personal de gabinete, donde, básicamente, se establecen las condiciones de los contratos de servicios que se podrán celebrar durante la emergencia, y de esta forma se apartan de las previsiones contenidas en la ley 10.430.

No obstante, se aclara que los contratos que estuvieren cumpliendo a la fecha de entrada en vigencia de la normativa continuaran bajo dicho régimen.

Además, se expresa que los contratados bajo esta modalidad de la emergencia no podrán intervenir en actuaciones administrativas ni serle asignadas tareas propias del personal permanente con estabilidad y cesará en forma automática al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñe.

Los legisladores se aseguraron, entre los muchos cambios que se introdujeron al proyecto original remitido por el PE, la creación de una Comisión Bicameral con carácter consultivo, de seguimiento y control de los alcances del instrumento legal con que contaría la provincia.

Será integrada por tres diputados e idéntico número de senadores, garantizándose la participación de las minorías.

Por último, cabe consignar que esta iniciativa está directamente relaciona con el otro proyecto de ley que remitió el Ejecutivo que plantea una Modernización Administrativa de fondo para la gestión provincial. Ese proyecto tendrá un trámite un poco más prolongado en las Cámaras legislativas provinciales.