Desde la oposición cruzaron con dureza la posibilidad de que funcionarios públicos y sus familiares, así como querellados por evasión o imputados en causas por lavado puedan sumarse al blanqueo de capitales lanzado por el gobierno nacional. "Es para todos", defendió el ministro Alfonso Prat Gay.
Mientras se espera conocer el detalle del texto del proyecto de ley que el gobierno nacional enviará al Congreso para habilitar un nuevo blanqueo de capitales, desde distintos sectores cuestionaron la posibilidad de que funcionarios públicos, en cualquiera de sus estamentos, y sus familiares, puedan acogerse al beneficio.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, admitió este viernes que los funcionarios del gobierno nacional, provinciales y municipales podrán sumarse al blanqueo de las divisas mantenidas fuera del circuito formal. "Es para todos" dijo cuando se le consultó acerca de la posibilidad que funcionarios, ex funcionarios y sus familiares se acojan al beneficio. Esta decisión no tardó en generar rechazos.

La iniciativa lanzada en el mismo sentido en mayo de 2013 por el gobierno de Cristina Kirchner estipulaba en su artículo 15 quiénes quedaban exceptuados de la posibilidad de sumarse a lo que, en aquella oportunidad, se dio en llamar "exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior".

Allí se negaba la posibilidad de blanquear dinero no declarado a:

* Declarados en estado de quiebra.

* Querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General Impositiva o por la AFIP.

* Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes.

* Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad.

* Las personas jurídicas en las que sus socios,
administradores, síndicos o queines ocupen cargos equivalentes hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente.

* Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad.

Ahora sin embargo, según señaló el propio Prat Gay, todos quienes estén alcanzados por estas categorías podrán blanquear sus activos no declarados.


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El jede del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, fue uno de los primeros en salir al cruce de esta posibilidad en nombre de ese cuerpo de legisladores. A través de un comunicado reclade advirtió que "es importante que el blanqueo no alcance a funcionarios del Gobierno, como se deslizó en algunos medios".

"Hay investigaciones y causas judiciales en curso que deberán tenerse en cuenta" recordó en alusión a la imputación que involucra al presidente Mauricio Macri en la causa que investiga la posible omisión maliciosa de información, evasión al fisco y lavado de dinero luego de que se descubriera que el mandatario formó parte de varias sociedades offshore radicadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá.

También se supo el jueves pasado, luego de desmentir una y otra vez la existencia de cuentas a su nombre en paraísos fiscales, que sí mantiene una cuenta radicada en Bahamas con cerca 18 millones de pesos.

Consideró además que "habría que impedir el beneficio del blanqueo a empresas denunciadas por el consorcio de periodistas internacionales" en el escándalo mundial Panamá Papers "y también las investigadas en la causa por la fuga de capitales del HSBC".

"Para las personas jurídicas entendemos que la creación de una Comisión Bicameral de fiscalización en colaboración con la AFIP y la UIF sería un buen instrumento para controlar qué capitales ingresan, su origen y procedencia", sugirió Recalde y chicaneó: "es bueno reconocer el arrepentimiento de funcionarios como Laura Alonso, Alfonso Prat-Gay, Patricia Bullrich, Adolfo Sturzenegger, Rogelio Frigerio, y Carlos Melconian, quienes hace dos años pensaban y opinaban distinto ante la misma iniciativa" de blanqueo de capitales que había lanzado Cristina Kirchner.