La medida judicial fue solicitada por el fiscal Federico Delgado. Contra uno de los prefectos pidió la detención por considerarlo "cómplice de la organización" de la fiesta en la que murieron cinco jóvenes.

En el marco de la causa en la que se investiga la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp, el fiscal federal Federico Delgado pidió la detención del prefecto del departamento de Narcotráfico Néstor David Alarcón Torres y que se dicte el procesamiento de integrantes de Prefectura y cinco funcionarios del Gobierno porteño involucrados en los hechos ocurridos en la fiesta electrónica Time Warp de Costa Salguero.

El pedido fue realizado ante el juez Sebastián Casanello en la causa en la que ya están procesados los organizadores del evento, entre ellos el abogado Víctor Stinfale y el empresario Adrián Conci, este último titular de firma Dell Producciones.

Alarcón Torres estaba a cargo de una investigación previa sobre un grupo de vendedores de droga, y según el fiscal facilitó el comercio de estupefacientes y posibilitó que se cometa el delito de abandono de persona seguido de muerte.

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"Alarcón Torres, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el 15 de abril de 2016 en Costa Salguero no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada como responsable de un área sensible, porque subordinó los objetivos generales de la Prefectura Naval Argentina a los de los organizadores de la rave que necesitaban", dice el dictamen.

El fiscal Delgado habla de un "engranaje decisivo de ese esquema que montaron los organizadores que requería la complicidad policial. Sin esa indiferencia intencional y deliberada, no se podría haber llevado adelante. Subordinó los objetivos de una fuerza de seguridad pública al fin de lucro de los organizadores. Su inacción fue una acción relevante. Ello lo convierte en cómplice de los hechos".

En el dictamen se destacó que en la madrugada de ese 16 de abril un encargado del control de acceso quiso entregar una bolsa con drogas a Alarcón Torres que habían quitado en la requisa a los asistentes, y que aquel estaba ausente, por lo que fue dejada al prefecto Alberto Pandiani.

Pandiani la dejó en custodia y recién hizo apertura de esa bolsa la tarde del sábado: "su intervención en el hecho fue colateral y no tuvo relevancia en la tragedia".

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"Repetimos, Pandiani debió regirse por el procedimiento penal y no lo hizo. Además, la bolsa tenía otro destinatario", sostuvo al pedir el procesamiento de Pandiani solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En cambio, la responsabilidad de Alarcón Torres podría ser mayor porque venía realizando una investigación previa sobre venta de drogas y estaba como agente estatal, mientras que Pandiani estaba en el lugar contratado como "adicional".

También por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, el fiscal pidió los procesamientos de Claudio Alberto Iacobaccio, Fernán García Vázquez, Néstor Ricardo Cella, Gustavo Alberto Herms y Pablo Germán Fontanellas, funcionarios del Gobierno porteño de la Agencia Gubernamental de Control.