El magistrado aceptó que la dependencia que conduce Laura Alonso forme parte de la querella. Así podrá proponer medidas de pruebas e impulsar el caso, entre otras atribuciones.
El juez federal Sebastián Casanello aceptó este jueves a la Oficina Anticorrupción (OA) como parte querellante, en la causa en la que se investigan maniobras de lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

La Oficina Anticorrupción había argumentado que a través del Ministerio de Planificación se digitó obra pública con sobreprecios, y que el Estado pagó adelantos no justificados que eran destinados a "retornos". Con esos fundamentos, consideró que podía impulsar la investigación.

En su resolución, Casanello, señaló que "corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la Oficina Anticorrupción, en los términos del Art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación, en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción".

El artículo 82 del Código Procesal es el que fija las pautas para el denominado querellante particular, que puede proponer medidas de prueba, impulsar el caso, proporcionar elementos de convicción, y argumentar sobre ellos.

La OA había destacado cuando pidió ser querellante la importancia de la declaración de Leonardo Fariña y recordó la relación directa que a menudo se verifica entre hechos de corrupción en perjuicio del Estado y el encubrimiento por lavado de activos obtenidos de aquellas prácticas.