El ministro de Energía fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli. Es por la compra de gas al país vecino y también por las autorizaciones a Enargas por el rebalanceo de las tarifas, tras la denuncia hecha por el kirchnerismo.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió este viernes abrir una investigación contra el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, denunciado penalmente por diputados kirchneristas que lo acusan de beneficiarse, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell, con los aumentos de tarifas de gas así como por la compra sin licitación pública y con sobreprecios de gas a Chile.

El requerimiento en el que se imputa a Aranguren fue formulado por el fiscal Stornelli ante el juez federal Luis Rodríguez, que ahora deberá investigar la denuncia por supuesta negociaciones incompatibles con la función pública realizada por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade.

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El fiscal pidió al juez la realización de una serie de medidas de prueba, entre ellos oficios al ministerio de Energía para que le envíe documentación que conste sobre la empresa Shell y sobre los cuadros tarifarios, según indicaron fuentes judiciales.

En la causa se investigarán las irregularidades en la compra de gas a Chile, en la que se denunció al funcionario de haber pagado sobreprecios y de realizarla sin licitación. De acuerdo a la denuncia se lo acusa de haber acordado con Chile un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega por barcos y un 128% más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.

En la presentación se recuerda que Aranguren ha desarrollado la mayor parte de su carrera laboral en la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., que forma parte del Grupo Royal Dutch Shell Plc (RDS), a la que ingresó en el año 1979 y en la cual llegó a ocupar el cargo de Presidente en el año 2003, cargo que ocupó hasta su retiro en el mes de junio del año 2015.
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La denuncia advierte sobre la incompatibilidad de Aranguren para el ejercicio del cargo de Ministro y una presentación similar se había realizado ante la Oficina Anticorrupción (OA) a cargo de Laura Alonso que, según los legisladores, no obtuvo ninguna respuesta alguna.

Los denunciantes ya requirieron que se solicite a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la remisión de la Declaración Jurada Patrimonial Integral de Aranguren, tanto la de carácter público, como su Anexo Reservado.

Frente a la inacción de la OA, y ante lo que se consideró una vulneración flagrante de la Ley de ética pública, Doñate manifestó que la denuncia da cuenta también de un "oscuro negocio" en la compra de gas a Chile en forma directa, y que paga tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia.

Esta decisión, consideró Doñate, puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de Gas al vecino País trasandino". Doñate y Tailhade recordaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la trasnacional petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones "clase A" de la empresa Royal Dutch Shell".

Las mismas, reseñaron los legisladores, fueron parte de las bonificaciones que el ahora funcionario recibió de Shell Companía Argentina de Petroleos S.A., firma en la que se desempeñó a partir de 1979 y como presidente local entre 2003 y junio del año pasado.

Los legisladores relataron que el 28 y 29 de marzo pasados, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.

Por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", sostuvieron los diputados del FPV.