Los legisladores nacionales continúan con el debate en comisiones del proyecto de ley ómnibus destinado al reajuste jubilatorio, crear un régimen de blanqueo de capitales y formalizar el acuerdo con las provincias para la devolución del 15% de coparticipación retenido desde 1992 por el Pacto Fiscal para financiar a la ANSES.
La iniciativa que el Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados es debatida en el Anexo C de la Cámara de Diputados en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social. Se esperan exposiciones de representantes de organizaciones de jubilados y especialistas en temas tributarios y fiscales.

En el oficialismo esperan emitir este jueves dictamen de mayoría para ser tratado en sesión la semana que viene, dado que el objetivo es tener esta "súper ley" en un plazo que no exceda junio.

Los diputados reunidos en comisión confirmaron que modificarán la redacción del artículo 85 del proyecto
, que justifica la posibilidad de que algún periodista que divulga datos de los blanqueadores vaya a la cárcel.

Sobre la redacción de este polémico artículo se refirió el diputado por el PRO Pablo Tonelli. En declaraciones a C5N, Tonelli había adelantado que el artículo se modificaría "para tranquilidad de todos, especialmente de los periodistas". Y argumentó que el propósito de la norma era "proteger el secreto fiscal y la confidencialidad de quienes acceden al blanqueo".

El Defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, convocado a exponer en el plenario, pidió preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y dijo que las deudas con los jubilados son "una vieja injusticia argentina que afecta a toda la sociedad porque da miedo al envejecimiento".

Semino destacó la necesidad de actualizar la jubilación mínima y consideró que "el blanqueo y la venta de acciones son anexos, y tienen que ver más con cuestiones macroeconómicas que con la seguridad social, sin descalificarlo".

Si bien puso de relieve la importancia de la pensión universal para los adultos mayores, incluida en el texto del Poder Ejecutivo que se debate en la Cámara baja, Semino pidió actualizar la jubilación mínima porque, dijo "con esa plata nadie vive".

"Hay que preservar además el Fondo de Garantía", sostuvo el funcionario ante los diputados, y dijo que aspira a que los legisladores "estén entrando por la puerta a modificar una vieja injusticia argentina que afecta a toda la sociedad porque da miedo al envejecimiento".

Los diputados nacionales de Cambiemos manifestaron ayer su confianza en que el proyecto de pago a los jubilados será respaldado en general por la mayoría de los bloques parlamentarios y se mostraron abiertos a aceptar modificaciones a la iniciativa oficial para mejorar el texto, cuyo tratamiento continuará mañana en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, sostuvo que "el proyecto tiene 94 artículos y tenemos diferencias en 4 o 5" y estimó que el oficialismo "va a tener sin ningún problema los votos en general para la ley con algo muy cercano a la unanimidad y en particular en el articulado produciremos cambios que la mejoren". El legislador dijo que la ley "tiene dos objetivos principales: el pago a los jubilados y el pago a las provincias", al afirmar que se trata de "reconocer las dos deudas internas más serias que consideramos tiene la Argentina que es la del federalismo y de los juicios de los jubilados".

Massot precisó además que ese pago "tiene dos fuentes de financiamientos que es la utilización del FGS y el éxito del blanqueo de capitales que lo necesitamos para poder hacer frente a esos pagos" y dijo que es "falso" que se modifique la edad para acceder a la pensión para la vejez.

En tanto, el diputado nacional y secretario Legislativo del bloque radical, Miguel Bazze (UCR Cambiemos), dijo estar seguro que "son mucho más importantes las coincidencias que tenemos con la oposición que las diferencias, en consecuencia debemos ser capaces de encontrar fórmulas que nos permitan acordar y sancionar esta ley que repara una tremenda injusticia con los jubilados".

"Desde Cambiemos estamos convencidos que hay que dar esta respuesta y al mismo tiempo garantizar la sustentabilidad del Sistema Previsional argentino, por lo que de ninguna manera impulsaríamos propuestas que pusieran en peligro al Fondo de Garantía, por el contrario pretendemos sostenerlo y fortalecerlo", indicó Bazze en un comunicado de prensa.

Ayer, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, confirmó que las acciones que ese organismo tiene en empresas privadas no se venderán para pagar las deudas del Estado con los jubilados y aseguró que no se modificará la edad jubilatoria. El rechazo de los bloques peronistas en Diputados apuró las modificaciones en el proyecto de ley de blanqueo y pago de sentencias a jubilados que hoy recibirá los últimos retoques en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, y de Previsión y Seguridad Social, a cargo del masista Héctor Daer.

"Desde el primer momento que la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) año a año, de $ 70.000 millones", indicó Basavilbaso, al tiempo que precisó que "el costo del proyecto es de $ 75.000 millones, y con el blanqueo (de capitales que también quiere lanzar el Gobierno) ya se puede cubrir el resto" de las necesidades financieras para pagar la deuda del Estado con los jubilados.

Basavilbaso encabezó ayer por la mañana un acto para denominar el salón auditorio de la ANSES con el nombre de "Dr. Alfredo Pochat", un auditor del organismo que fue asesinado por sus investigaciones. Si bien reconoció que el proyecto contempla los pagos de sentencias y reajustes, e incluye una reforma jubilatoria, Basavilbaso aclaró que "no hay una intencionalidad del Gobierno de hacer un cambio de edad" mínima para que un trabajador se jubile.