A pedido de la Oficina Anticorrupción que conduce la macrista Laura Alonso, el juez Bonadio adoptó estas medidas para garantizar "la pena pecunaria, la indemnización civil de las víctimas y las costas del proceso ante la eventualidad del dictado de una futura sentencia condenatoria".
El juez federal Claudio Bonadio dispuso este martes el embargo del 20% del sueldo y la inhibición general de bienes del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, en el marco de la causa por la tragedia de Once en la que fue procesado recientemente.

Bonadio procesó a De Vido el 10 de mayo y le trabó un embargo sobre sus bienes por 600 millones de pesos, a fin de "garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil de las víctimas y las costas del proceso, ante el eventualidad del dictado de una futura sentencia condenatoria".

Pero como De Vido manifestó que no tiene bienes ni ese dinero para ese fin, la Oficina Anticorrupción pidió que se embarguen sus haberes hasta cubrir la suma fijada por el juez. Ahora el magistrado hizo lugar a esa solicitud, y dictó un embargo del 20% de su cuenta sueldo, según informaron fuentes judiciales.

En la presentación, la OA, que es querellante, consideró que de "determinase la existencia de bienes y dinero suficiente para cubrir el embargo impuesto, el imputado podrá solicitar la revocación o modificación de la medida dispuesta por Vuestra Señoría y, en consecuencia, de las diligencias que se hayan adoptado para hacerla efectiva".

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Bonadio ordenó medidas respecto de posibles bienes que pertenezcan al ex ministro para afectarlos al embargo, por lo que librará oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble de todas las provincias, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, entre otras medidas.

El juez dictó además la inhibición general de bienes y requirió al Banco Central que informe sus cuentas bancarias. En ese sentido se dispuso el congelamiento de un plazo fijo que el ex funcionario tiene en el Banco Nación, de acuerdo a las fuentes.

De Vido fue indagado en su momento por el juez, porque el Tribunal Oral que condenó a 21 acusados ordenó avanzar hacia el ex funcionario que había quedado fuera de la investigación.

Bonadio luego lo procesó por "descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta".

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