El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó la prórroga por 60 días para que los funcionarios y agentes de la administración pública provincial presenten su Declaración Jurada Patrimonial. Sin embargo, además de esto, se realizaron "adecuaciones" del decreto original entre las que se introduce el "carácter reservado" de las presentaciones patrimoniales de carácter integral, siendo únicamente de acceso a la ciudadanía en general las declaraciones juradas "sintéticas". En la misma línea, se agregaron sanciones a la utilización indebida de los datos presentados, por lo que aquellos que "vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por el Código Penal".
Esta medida se condice con el artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo que prevé hasta dos años de prisión y una multa similar a la revelada para quienes difundan la identidad de quienes se acojan a la "amnistía".

El decreto 647 del Departamento de Gobierno publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Provincia justifica la prórroga por 60 días al señalar que el plazo establecido en un principio "ha resultado exiguo" y que "es necesaria su prórroga a fin de viabilizar el cumplimiento en tiempo y forma y fortalecer el régimen".

Más allá de esto, se realizaron "adecuaciones" a la norma al considerarse que "han surgido aspectos no sustanciales del sistema cuya aclaración resulta pertinente para garantizar el fiel cumplimiento de la finalidad del régimen".

Asimismo en el incorporado artículo 7 bis se remarca que "la utilización indebida de la Declaración Jurada Patrimonial Sintética y/o cualquiera de los datos en ella contenidos, será sancionada de conformidad con la normativa vigente en materia de responsabilidad administrativa, penal y por daños y perjuicios que en cada caso resulte de aplicación".