La titular del organismo, Laura Alonso, se refirió a la situación del ministro de Energía, que posee $16.000.000 en acciones de Shell, empresa que está bajo la órbita de su cartera.

Laura Alonso en La Once Diez
Alonso aseguró que en las próximas semanas le enviarán una recomendación preventiva y que están analizando contratos que se firmaron con el gigante petrolero.

"La Oficina está tomando vida después de muchos años de letargo, hemos trabajado en las leyes del Arrepentido y de Extinción de Dominio para recuperar los bienes de la corrupción, así como también en el fortalecimiento del sistema de declaraciones juradas", explicó.

"El volumen accionario que posee (Juan José) Aranguren es minimísimo con respecto a Shell internacional, ya que no son de la filial argentina. El caso es el más complicado que tiene la Oficina Anticorrupción porque no es tan blanco ni tan negro. Por ejemplo, se están analizando unos contratos que firmó Cammesa con esta compañía y en las próximas semanas tendremos una recomendación preventiva", aseveró Alonso durante una charla radial.

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"La Oficina interviene en los casos de conflictos de interés de los funcionarios, por ejemplo si las decisiones que toma pueden favorecer a su ex empleador o a algún interés personal. Estamos analizando 22 casos y lo que se hace luego es recomendarle al funcionario que se abstenga de realizar determinadas cuestiones o que se deshaga de determinados compromisos laborales de su vida anterior a ocupar un cargo público. Si no lo hace, un juez podría después condenarlo por mal desempeño o abuso de autoridad", señaló.

No obstante, aclaró: "La tenencia accionaria no es un conflicto de interés, el Presidente tiene acciones en distintas compañías. El caso Aranguren se está estudiando porque posee acciones en Shell que se le dieron cuando se retiró de la empresa y ésta está bajo su órbita, por lo queestamos analizando si alguna de las decisiones que tomó podría beneficiar a Shell e indirectamente a él".

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Por otro lado, expresó que existen ciertos sectores del Estado nacional donde no hay mecanismos transparentes de asignación de recursos: "Hay nichos en el Estado como sucede en Vialidad, donde se institucionalizaron las irregularidades. No es tarea de los jueces analizar sistémicamente a la corrupción, sino de la Oficina que dirijo. Buscamos elaborar políticas públicas que prevengan o destruyan estos sistemas de corrupción". Y agregó: "No queremos más López ni Jaime que le roben la plata a la gente, además queremos que haya legislación que permita recuperar ese dinero y que se destine a rutas, hospitales o escuelas".

Por último, adelantó que impulsarán una normativa contra la faceta privada de la corrupción: "Estamos trabajando en una ley muy importante que es la de Responsabilidad Penal de las Empresas, para cuando éstas incurren en casos de corrupción. Hemos girado borradores a jueces, fiscales y empresarios, estamos esperando devoluciones para que, ojalá, después de las vacaciones de invierno el Presidente lo envíe al Congreso".