El juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración a los ex presidentes del INCAA, Jorge Coscia, Jorge Álvarez y Liliana Mazure, en una lista de 70 imputados.
Entre los 70 imputados, además de Coscia, Álvarez y Mazure, ex titulares del INCAA, se incluye a los ex funcionarios Gabriel Mariotto y Daniel Filmus, en una causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de fondos destinados a subsidios para el fomento de la cinematografía, con un perjuicio estimado para el Estado en 50 millones de pesos.

Entre los citados figuran ex funcionarios que otorgaron los subsidios y quienes encabezaron las productoras y organizaciones que recibieron el dinero para realizar las películas. Las indagatorias por el delito de "malversación de caudales públicos" comienzan este miércoles y se extenderán hasta noviembre, según fuentes judiciales.

En la lista figuran el ex vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, el ex ministro de Educación Daniel Filmus, además el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, el diputado nacional porteño Julio Raffo.

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Por el lado de los empresarios, el juez citó a Diego Guebel, Fernando Sokolowicz, y también figura Jorge Estrada Mora, fallecido a fines de 2015, quien integraba la productora del director de cine Juan José Campanella.

Se trata de una causa que comenzó en 2007 en la que la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) había cuestionado esos subsidios porque implicaban "una discrecional erogación por parte del INCAA".

Cuestionaron el mecanismo de la ley que da al presidente del Instituto la posibilidad de dar subsidios directos para hacer cine a entidades públicas o privadas que tiendan al desarrollo de la cultura y la comunidad.

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Según se denunció, entre los años 2006 y 2007 "fueron adjudicados mediante este régimen más de 19 millones de pesos. Se trata del equivalente a más de la mitad de los recursos destinados a la producción normal durante estos dos años".

En la causa se realizó un peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de la Nación en el que se estableció que no había un sistema transparente de rendición de los gastos de las películas que se hacían mediante los subsidios denominados 3-J.

Bonadio investigó originalmente 189 subsidios 3-J, que la presidencia del INCAA otorgaba discrecionalmente para solventar entre el 40% y 60% de los costos de algunas películas, y según se determinó no había un control adecuado de los mismos, indicaron las fuentes consultadas.