Se trata del ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. También fueron procesados el ex legislador Sebastián Gramajo y los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza.
El juez federal Ariel Lijo procesó este jueves al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud kirchnerista Héctor Capaccioli por supuesto "lavado de activos" a través de aportes recibidos para la campaña electoral de 2007, de la que fue recaudador del Frente para la Victoria y en la que se sumaron 886 mil pesos por parte de droguerías imposibles de justificar, según la resolución.

La medida también alcanza al ex legislador Sebastián Gramajo y a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodriguez.

Para el juez, se puso en circulación dinero de origen ilícito a los fines de disimular su fuente real y obtener su apariencia de licitud. Se concluyó que una de las hipótesis es que el dinero aportado en la campaña haya provenido del tráfico de efedrina. Además, el juez Lijo dispuso embargos en cada caso hasta cubrir la suma de tres millones de pesos.

En su resolución, el magistrado afirmó que con los aportes efectuados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" para la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007 "se puso en circulación en el mercado la suma total de ochocientos ochenta y seis mil pesos de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud".

En el fallo se analiza que tanto Néstor Lorenzo como Héctor Capaccioli fueron los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo.

En base a las limitaciones que presentaba la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) necesitaba de compañías privadas para desarrollar la maniobra, ya que no podían realizar donaciones anónimas y, además, tenían un tope máximo por empresa.

El juez demostró que la modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo.

En tal sentido, se verificó que "Multipharma", "Seacamp" y "Global Pharmacy" "no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que aquí se registraron, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que manejaban, y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados".

Así, destacó que las empresas carecían de fondos suficientes para ello e igualmente realizaron esos aportes bajo un supuesto modo de donación.

Indicó el juez además que las operaciones realizadas por esas tres empresas no guardaban semejanza con su realidad económica. Aclaró que carecía de sentido realizar una donación por un monto mayor al que la compañía podía manejar, y sólo era posible llevarlo a cabo si ese dinero no le pertenecía. Por ello, sostuvo que se trataba de blanquear dinero de origen espurio que no se encontraba debidamente declarado.

"Sumado a esa insuficiencia económica de las empresas", el juez destacó el hecho de que en la misma fecha en la que era presentado el cheque para su cobro en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja. Incluso recalcó que había cuentas bancarias que hasta ese momento presentaban saldo negativo.