La medida la dispuso el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por Panamá Papers. Busca determinar si hay contradicciones.
Casanello dispuso el análisis a pedido del fiscal Federico Delgado, quien estimó que debía determinarse si las diferencias en las declaraciones se debieron a "la dificultad de articular los formularios exigidos por el gobierno local con aquellos del federal".

Macri en 2013 era jefe de gobierno porteño y sus declaraciones estaban regidas por las normas locales, que tienen formularios diferentes a los previstos a nivel nacional por la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

La decisión de Casanello se enmarca en la causa iniciada por el diputado del Frente para la Victoria, Norman Martínez, quien sostuvo que las declaraciones de Macri tienen contradicciones en su contenido.
La medida comparativa fue encomendada en forma conjunta a las "áreas pertinentes" de la Oficina Anticorrupción y de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del gobierno porteño.

Los organismos deberán designar personal idóneo en materia de declaraciones juradas para que en el plazo de 10 días realicen una comparación de la estructura de los formularios de las declaraciones juradas de cada organismo y elaboren un "informe conjunto". Deberán detallar las diferencias en la información requerida por cada régimen.

Según la resolución, el juez al solicitar el "análisis comparativo" de las declaraciones presentadas por Macri entre 2013 y 2015, dispuso que se debe establecer si hubo contradicciones; en su caso, cuáles fueron sus posibles causas y si estuvieron vinculadas con la dificultad de "articular" los formularios.
Casanello investiga un conglomerado de sociedades relacionadas con las dos firmas off shore originalmente apuntadas, Flex Trading y Kagemusha, en el marco del caso conocido como Panamá Papers.