El intendente de Lanús, envuelto en el escándalo por los Panamá Papers, había desatado la polémica apenas asumió al nombrar a Rubén Baca a cargo de la formación de la policía local. Ante la presión popular el cuestionado funcionario debió dar un paso al costado.
El juez en lo correccional Rubén Baca presentó su renuncia como Secretario Académico en la policía local de Lanús. La decisión se dio en medio de una denuncia que pesa sobre el funcionario, de parte de la Fiscalía General, que requiere saber si Baca ordenaba allanamientos para que dieran resultado negativo en una investigación por trata de personas.

Días atrás se conoció que Baca entregó al intendente Néstor Grindetti su renuncia de carácter indeclinable. El magistrado era el Secretario Académico de la policía local y se encargaba de parte de la capacitación de los efectivos. Había llegado a esa función bajo la órbita del ex diputado kirchnerista por la Ciudad y ex massista, Diego Kravetz, que actualmente es el secretario de Seguridad en el distrito del conurbano gobernado por Cambiemos.

Al conocerse la denuncia, el propio Kravetz lo había defendido. En aquella oportunidad le había dicho a Radio 10, que a Baca lo conocía de la gestión en Lanús. "Le pedimos ayuda en nuestra escuela. En 25 años de carrera nunca tuvo una denuncia y justo el día que se inaugura la Escuela de policías le aparece su primera denuncia, entonces yo digo que se investigue. Como ciudadano poderosamente me llama la atención", detallaba en los primeros meses del año.

Además había explicado que lo que pesaba sobre Baca era una denuncia administrativa y no penal. "No lo voy a apartar preventivamente por una denuncia administrativa", dijo. Semanas más tarde Baca finalmente dio un paso al costado.

Según la denuncia, el juez "se superpuso en dos investigaciones Penales Preparatorias en curso iniciadas con antelación a su injerencia y de modo tal que, con su entrada en escena, ha tenido entidad como para condicionar negativamente el éxito de las pesquisas penales anteriores y ajenas".

Cuando el caso salió a la luz, la oposición local rápidamente le pidió acciones concretas al ejecutivo lanusense. La diputada provincial del bloque Peronismo para la Victoria, Karina Nazabal había presentado un pedido de informe en la cámara de Diputados para que el gobierno bonaerense informe si se había efectivizado el nombramiento de Baca en la Escuela de la Policía Local de Lanús; si las autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense y los funcionarios responsables de su designación tenían conocimiento de la causa en la que se encuentra denunciado y para que se individualice quienes lo designaron y se informe sobre los fundamentos jurídicos que se tomaron para ello.

En tanto Natalia Gradaschi, dirigente kirchnerista de Lanús denunció que "durante la gestión anterior la Policía Local se formaba en la universidad pública con una perspectiva de defensa de los derechos humanos, mientras Grindetti nombró a una persona que está vinculado a proteger y ser cómplice de redes de trata, para que forme a los policías locales"