La jueza Servini de Cubría quiere saber si lo abonado por la empresa del grupo Fiat llegó a su destino o hubo desvíos irregulares destinados a funcionarios.
La causa que investigan la jueza federal María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Talano sobre la ruta del dinero del fútbol argentino entró entró esta semana en una instancia de definiciones. De acuerdo con la pesquisa judicial, los fondos destinados a los clubes de la AFA a través del Fútbol para Todos se desviaron de tres formas distintas: Por aportes a la fundación "El Futbolista", por descuento de cheques en financieras y por ser utilizados en préstamos bancarios a la AFA. La cuarta pata de la investigación involucra a la empresa Iveco, único auspiciante privado de los torneos hasta diciembre pasado.

En esa línea, la magistrada procura determinar si lo pagado por la terminal de camiones llegó a su destino o hubo desvíos. Según los seis contratos entre la AFA y Jefatura de Gabinete entre 2010 y 2015, Iveco habría pagado $85 millones de los que $60,2 millones fueron abonados con 159 camiones. Los restantes $24,8 millones se entregaron en dinero. Los rodados habían sido recibidos recibidos por Jefatura de Gabinete, que los distribuyó entre varios organismos públicos: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Acumar, radio y TV Pública y el Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo.

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Durante una inspección en la planta Ivecam, en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, Servini descubrió que dos camiones de los 159 fueron facturados pero no entregados. De inmediato los secuestró y fueron llevados a un estacionamiento de la Policía Federal. Los camiones se canjearon en un convenio de sponsoreo del 27 de febrero de 2015.

Por los faltantes fue interrogada la apoderada legal de Iveco, Carolina Susana Bula. Ante Servini, la abogada se desligó del tema y dijo que los camiones fueron adjudicados. "Si se emitió la factura y se liberó la documentación la unidad seguramente fue entregada. Sí recuerdo que me llamaban desde Fútbol para Todos reclamando la entrega de alguna documentación o alguna unidad, que siempre se solucionó a la brevedad. No sé si puntualmente de estas dos, pero conforme me informó nuestra gente de Finanzas y Control Comercial ninguna obligación quedó pendiente de cancelación por parte de Iveco Argentina con relación a los contratos de sponsoreo de Fútbol para Todos", respondió la representante empresarial.

MÁS SOSPECHAS

Servini inspeccionó 25 camiones tipo van modelo Daily Furgón que recibió Gendarmería. Según el fallo del procesamiento, ordenó la revisión personalmente porque 10 de las 14 matrículas aportadas por fotos se presentaban "ilegibles, en forma intencional" y porque muchas "parecían ser idénticas, salvo por la utilización de técnicas de acercamiento zoom". Uno de los cuestionamientos al único sponsor del FPT es el bajo monto por el cual se intercambió la publicidad. Según las tarifas vigentes en 2010, un informe de la AGN calculó que Iveco debería haber pagado $28,9 millones por los minutos en pantalla por un campeonato, pero dólo desembolsó $7 millones. un 75,5% menos.

"No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante", dice el texto de la Auditoría. La otra irregularidad tiene que ver con el pago de "especies". Según Graciela Ocaña, el Estado "no se habría sujetado a las normas legales, violando el reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes (Decreto 436/00); y que no se entendía cuáles eran las razones para aceptar el pago en especie, sin conocerse la determinación de la necesidad de contar con estos vehículos y el destino que se le darían".

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CRUCES INTERNOS

La italiana Iveco Argentina SA posee 10 concesionarios y 46 puntos de venta en todo el país y es parte del grupo CNH industrial, el holding de Fiat que agrupa también a los negocios de fabricación de maquinaria agrícola, ómnibus y motores. Según la testimonial de la apoderada, los convenios con el Gobierno fueron negociados con el presidente de la compañía, el italiano Natale Antonio Rigano, quien renunció luego del escándalo destapado por la legisladora Graciela Ocaña y en marzo de 2015 fue reemplazado por el estadounidense Marcus Cheistwer. Sin embargo, otros directivos estaban al tanto de los acuerdos con el Estado.