"No se puede modificar una Ley con un decreto", afirman representantes de las provincias. Resisten el avance de inversiones inmobiliarias especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.

Se desató una escalada de críticas tras el decreto del presidente Mauricio Macri que modificó el acceso de los extranjeros a tierras nacionales. Desde el interior, resisten el avance de inversiones inmobiliarias especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.

"Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente", aseguró la diputada Silvia Frana (PJ, Santa Fe) en declaraciones que fueron reflejadas por el diario Ámbito Financiero.

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En esa línea, en Chubut, el legislador Nicolás Rochás (FpV) hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad del decreto. En el ámbito federal hizo lo propio el diputado Martín Doñate. Ámbos entienden que la Nación no puede avasallar la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas.

"La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología", coinciden.

El Consejo Nacional del PJ difundió el fin de semana un duro documento en el que advierte que el decreto de Macri "podría permitir tranquilamente la extranjerización de lagos y lagunas".

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Es que en 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo restricciones para la venta de campos a extranjeros. La misiva establece el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Así, los extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe) y una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.

La Ley, se planteó como una respuesta al avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego).

La semana pasada, el Gobierno oficializó una modificación a esa norma para flexibilizarla, bajo el argumento de alentar inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de economías regionales. Pero las provincias no tardaron en reaccionar.