El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que crea una agencia para limitar tratamientos médicos, tecnología sanitaria y medicamentos obligatorios que deben porveer las prestadoras.
El Gobierno impulsa en el Congreso un cepo a los juicios contra obras sociales y prepagas que prevé una sustancial reducción de costos en el sistema.

A pedido de sindicalistas y empresarios, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para crear un organismo encargado de fijar límites en tratamientos médicos, tecnologías sanitarias y drogas de provisión obligatoria por parte de las prestadoras.

En la actividad estiman que los amparos de afiliados que exigen coberturas no previstas representan por lo menos un costo adicional del 10% en el sistema.

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