Mientras se espera una resolución de la Corte Suprema sobre la suspensión al tarifazo de gas que dictaminó la Cámara Federal de La Plata, este jueves se conoció que una fiscal de La Plata pidió suspender los topes de 400% a las facturas de gas.
En respuesta a ese pedido, el juez de la causa advirtió que antes de tomar una decisión pedirá información al Gobierno sobre cómo se instrumentará el nuevo sistema de facturación con los topes lo que implica una demora en resolver este caso puntual.

La fiscal federal de La Plata Ana Miriam Russo pidió que se suspendan las resoluciones 99 y 129/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que fijaron topes máximos de 400% y 500% en la suba del cuadro tarifario del servicio público de gas, al pronunciarse en el marco de la nueva medida cautelar formulada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).

En respuesta, el titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, anunció que solicitará al Tesoro de la Nación información sobre cómo se aplicaran las nuevas resoluciones que fijan los topes. Esta acción puede tomarse como una demora ya que la fiscal fue clara el remitirse en su pedido al fallo de Cámara. En suma dijo que si está inhabilitado el tarifazo, esta medida de fijar topes tampoco debería correr. Se suma otro elemento a la demora, la próxima semana habrá otro juez de feria y podría avanzar o empantanarse la causa.

En su dictamen la fiscal explicó que este nuevo pedido tiene relación con el proceso en el que la Sala II de la Cámara Federal platense anuló el 7 de julio pasado las resoluciones 38 y 31/2016 y retrotrajo la situación tarifaria al momento previo a su dictado.

"Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio", indicó la fiscal.

Recondo habilitó el miércoles la feria judicial para tratar la medida cautelar autónoma presentada por el Cepis, que objeta la nueva resolución del Ministerio de Energía de la Nación en la que se fija un tope del 400% en la suba del gas respecto a igual período del año pasado para los usuarios residenciales, y del 500% para comercios y pymes.

En referencia al proceso en el que intervino la Cámara Federal y actualmente revisa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la fiscal señaló: "Tenemos, en consecuencia, un pronunciamiento judicial que no solamente invalidó las resoluciones 28 y 31 que habían establecido un nuevo cuadro tarifario sino que contuvo un plus: determinó volver al estado de cosas anteriormente vigente en forma previa al dictado de ambas resoluciones. Resulta nítido, por tanto, que el Ministerio (de Energía y Minería) demandado no estuvo habilitado para cambiar ese statu quo".

La fiscal explicó que la nueva medida cautelar interpuesta por el Cepis "es tributaria" del proceso iniciado contra las resoluciones 28 y 31 y remarcó que "el hecho de que a posteriori del pronunciamiento de la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones del circuito, el Ministerio de Energía haya emitido nuevas resoluciones sobre la misma materia, intentando alterar de tal modo las consecuencias del mencionado fallo, en modo alguno añaden elementos que trasunten la pregonada autonomía" de la nueva medida cautelar.

La fiscal Russo se pronunció de forma favorable a la solicitud del Cepis porque "la alteración del sistema establecido por el pronunciamiento de la Alzada traería aparejada la aplicación de aumentos indiscriminados que aquella sentencia ha vedado, con el consecuente perjuicio para el patrimonio de centenares de miles de habitantes de la Nación".