El juez federal de La Plata Alberto Recondo lo intimó a responder si tienen vigencia las dos nuevas resoluciones sobre las que tiene que resolver, que fijaron un tope de 400 y 500 por ciento.
El juez federal de La Plata Alberto Recondo intimó al Gobierno nacional a responder si el aumento a la tarifa del gas está suspendido o si tienen vigencia las resoluciones que fijaron un tope de 400 y 500 por ciento.
"Como medida instructoria, requiérese del Señor Procurador del Tesoro de la Nación informe, en el plazo de 24 horas, si efectivamente se encuentra suspendida la ejecución de las Resoluciones 99/2016 y 129/2016 correspondientes al Ministerio de Energía y Minería", dice el oficio librado por el juez.
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El magistrado es el que tiene que resolver sobre las dos nuevas resoluciones –las 99 y 126/2016–, en las que el gobierno de Mauricio Macri fijó un tope de aumento de 400 y 500 por ciento.
El requerimiento fue realizado al titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, como medida previa a resolver si suspende o no el nuevo incremento tras el pedido realizado ayer por la fiscal Ana Russo. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 24 horas para contestar y debe hacerlo hoy, según el oficio enviado.
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El juez de La Plata envió un oficio en base a las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había dicho que las facturas con los aumentos "hasta tanto no se resuelva el fallo no hay que pagarlas".
Una vez que la respuesta llegue al juzgado, el juez quedará en condiciones de resolver el pedido para suspender el nuevo cuadro tarifario. Si el gobierno informa que el aumento no se va a aplicar hasta tanto haya un pronunciamiento definitivo de la Justicia el caso podría ser abstracto.
Si respondiera que la tarifa tope está vigente el magistrado deberá tomar una decisión al respecto.
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La Cámara Federal de La Plata suspendió este mes las resoluciones 38 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, mediante las cuáles se aplicó el tarifazo al gas.
Luego el Gobierno dictó dos nuevas –las 99 y 126/2016–, en las que fijó un tope de aumento de 400 y 500 por ciento.
Ayer la fiscal Russo pidió dictar una medida cautelar que suspendió también ese incremento porque señaló que si no hubo audiencia pública, no puede haber aumento.
"Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio", sostuvo la fiscal en su dictamen. Ahora debe resolver Recondo.