El juez de La Plata Alberto Recondo rechazó la medida interpuesta por una ONG contra el tope de hasta 400% al gas anunciado por el Gobierno hace dos semanas. Este viernes, más temprano, Energía había ordenado a las empresas prestadoras del servicio suspender la impresión de boletas hasta tanto la Corte Suprema se expida sobre la cuestión de fondo.
La Justicia Federal de La Plata rechazó este viernes una medida cautelar que pedía la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y dio validez al aumento en la tarifa del gas con topes de 400 y 500 por ciento.

El fallo fue dispuesto por el titular del Juzgado Federal 4 de esta capital, Alberto Recondo, quien no hizo lugar al recurso presentado esta semana por la asociación civil Centro de Estudios Para la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).

"Rechazando la acción interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las Resoluciones Nº 99/2016 y 129/2016 correspondientes al Ministerio de Energía y Minería", señala el fallo de Recondo.

Para rechazar el planteo , el juez sostuvo que "el acto administrativo citado,que importa una orden expresa dirigida al Sr. Interventor del ENARGAS, constituye suficiente manifestación de voluntad estatal como para considerar que –al menos, por el momento- no se encuentra demostrado el peligro en la demora previsto por las normas en análisis (doctrina de los arts. 198 y 230 del CPCCN)".

"En efecto, ninguna medida meramente preparatoria (que además se encuentra supeditada -en su ejecución- a las resultas de lo que se decida judicialmente) puede importar amenaza alguna como para justificar la orden cautelar solicitada", dice el fallo.

El caso se inició a partir de la presentación de Luis Sisti, apoderado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) quien inerpuso Medida Cautelar Autónoma contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con el objeto de requerir "la suspensión de las resoluciones 99 y 129/2016 emitidas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida en la causa por el amparo colectivo contra el gobierno.

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Se pidió suspender la Resolución 99/2016, modificada por la Resolución 129/2016 a través de la cual se dispuso la implementación de un tope máximo de aumento tarifario que no podrá exceder del 400 y 500%.

Sostuvo que ese tope tiene efectos sobre el nuevo cuadro tarifario, el que se conformó a partir de las Resoluciones 28 y 31 del corriente y que han sido anuladas por la Cámara Federal de La Plata el día 7 de julio de 2016.

También se citó la Resolución 129/2016, en su artículo 3ro., convocó a audiencia pública antes del 31 de octubre con el propósito de finalizar el reajuste tarifario sobre el servicio público.

El accionante aseguró que "el aumento del cuadro tarifario dispuesto por la Administración, sin que previamente mediare intervención de la ciudadanía, lesiona el derecho constitucional a la participación ciudadana" establecida en la Constitución Nacional.