relevamiento de una fiscalía federal. Se registraron más de 130 causas en un período de solo 15 días en noviembre de 2015. La mayoría termina archivada y sin descubrirse a los autores por la falta de control por parte de las empresas y el Estado sobre las líneas telefónicas, advirtió un fiscal.
La Justicia advirtió un llamativo incremento de amenazas de bomba, realizadas fundamentalmente en instituciones educativas, calculándose un promedio de 13 llamadas diarias, de acuerdo a un relevamiento efectuado por una fiscalía federal.
Se registraron más de 130 causas en un período de solo 15 días en noviembre de 2015. La mayoría termina archivada y sin descubrirse a los autores por la falta de control por parte de las empresas y el Estado sobre las líneas telefónicas, advirtió un fiscal.
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Se trata de un estudio de la fiscalía a cargo de Federico Delgado, sobre aquellas amenazas formadas en el turno policial que transcurrió la última quincena del mes de noviembre de 2015, que a diferencia de otros turnos policiales revisados e informados con anterioridad, "tuvo una producción mucho más extensa e implicó un caudal de causas que superó ampliamente los antecedentes registrados previamente".

El informe dice que en el turno con las fuerzas policiales que transcurrió entre el 16 y el 31 de mayo de 2015, se relevaron 14 causas relativas al delito en cuestión en el plazo de quince días, mientras que en el mismo lapso pero en el período del 16 al 30 de noviembre de 2015, la cantidad ascendió a 130.

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En un gráfico correspondiente al mes de noviembre se ilustró que casi un cuarto del total de causas iniciadas durante el transcurso del turno policial se vincularon con amenazas de bombas fundamentalmente en escuelas.

"Esto implica una cantidad promedio de 8,66 llamadas diarias efectuadas en el transcurso de 15 días pero, en rigor de verdad y computados únicamente en días hábiles, alcanzan los 13 llamados diarios que debieron ser atendidos por las fuerzas policiales", indicó.

Las denuncias se caracterizan por haber sido efectuadas en las franjas horarias en las que se desarrolla el trabajo propio de esos establecimientos educativos y, generalmente, "desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear, ya sea por ausentes, falsas o mal informadas titularidades, porque se hicieron a través de teléfonos públicos o desde los números pertenecientes a las compañías telefónicas para cursar llamadas de emergencia", reza el informe.

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"A pesar de que en última instancia se determinó que todas las denuncias fueron falsas, cada uno de los llamados motivó la activación de todos los mecanismos de prevención del Estado", advirtió la fiscalía al remarcar el "despliegue de recursos de personal policial (mayormente de la División Brigada de Explosivos y de la División Detección y Adiestramiento, ambos de la Policía Federal Argentina –que se encargan de revisar todos los edificios con artefactos específicos y canes para descartar la existencia de bombas-), y asimismo a la realización de los procedimientos de Defensa Civil".

Además, remarcó que esa cantidad de llamados anónimos dio origen a la formación de procesos judiciales, muchos de los cuales continúan en trámite a la fecha.

"En efecto, si bien hemos sostenido e informado reiteradamente que el curso dado a ese tipo de actuaciones era el archivo a poco de ser ingresadas en sede judicial, lo cierto es que el incremento del caudal de este tipo de causas en el período estudiado (que coincidió con el fin del ciclo lectivo en la mayoría de las instituciones educativas -en el cual se toman los exámenes de fin de curso-) ha derivado en la necesidad de investigarlas con mayor profundidad", advirtió el fiscal.

"De las 109 causas que se investigaron en la Fiscalía por delegación judicial, actualmente (ocho meses después) se encuentran archivadas 89, mientras que 19 continúan aún en trámite y 1 fue remitida por incompetencia territorial" .

El fiscal relató que se investigaron amenazas que afectaron el funcionamiento de 41 instituciones educativas y de 9 dependencias no educativas (puntualmente, se efectuaron amenazas relacionadas con instituciones públicas tales como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el INADI y el ANMAT, en dos casos se vincularon con afectaciones al servicio aéreo -Aeropuerto Jorge Newbery y LAN Airlines-, y en otros dos con establecimientos de salud -Sanatorio Finochietto y Hospital de Clínicas-, así como también con desalojos en un local del partido político "Frente Para la Victoria", y la empresa Nación Seguros).

Delgado expresó que "quienes llaman y denuncian falsamente saben que no van a ser descubiertos, fundamentalmente por la falta de control sobre las líneas telefónicas".

Destacó asimismo que "los chips "pre-pagos" que se venden en comercios (agentes oficiales) y/o en locales de venta multimarca, kioscos, puestos de diarios, estaciones de ferrocarriles, entre otros, suelen activarse y registrarse sin cotejarse la verdadera identidad del usuario". "Entonces, la falta de control de las empresas y, principalmente del Estado, en este tipo de operaciones comerciales (la venta masiva de chips de telefonía celular, pre-activos), permite que los delitos como el aquí analizado y tantos otros vinculados al uso de telefonía celular -como los secuestros extorsivos-, queden impunes".

"Consideramos necesario poner en conocimiento las circunstancias narradas a los fines que estime corresponder a la Procuradora General de la Nación. Tan sólo como una sugerencia, quizá las autoridades educativas podrían hacer algo al respecto", finaliza el informe.