Preparan un anuncio de Macri en la Rosada. Pagarán de inmediato $2.700 millones a obras sociales y darán otros $30 mil millones en bonos. Atención a discapacitados, un costo menos para sindicatos.
El Gobierno sellará mañana su acuerdo con el sindicalismo tradicional de manera definitiva. Ese día Mauricio Macri en persona anunciará bajo el lema de "reparación histórica" la distribución entre las obras sociales de unos 30 mil millones de pesos en bonos; de otros $2.700 millones que se pagarán de inmediato, y de un cambio en la cobertura sanitaria de los discapacitados que atienden esas organizaciones, que representará un alivio clave para sus finanzas.

Según anticipa Ámbito Financiero, el paquete, que incluirá saldar pagos demorados a hospitales públicos por la atención de afiliados de la seguridad social y la puesta en marcha de la firma digital en los trámites, será dado a conocer por el mandatario en una conferencia de prensa por ahora pautada para el martes a las 17 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Se prevé que también participarán los ministros de Salud, Jorge Lemus, de Trabajo, Jorge Triaca, y de Modernización, Andrés Ibarra, así como el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, entre otros.

El anuncio, confirmado por funcionarios del gabinete económico a este diario, se producirá antes de un plenario convocado para este viernes por la CGT para discutir un documento crítico a las políticas del Ejecutivo y mientras la central obrera debate la conveniencia de adoptar un perfil más confrontativo en su programada reunificación del 22 de este mes, incluso con medidas de fuerza. Anoche en el Gobierno daban por seguro el acto que hasta entonces estaba en duda por discusiones internas frente a una concesión de ese volumen a los gremios.

El eje de la medida se remonta a un tironeo que mantuvo la cúpula de la CGT con las administraciones de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner por el destino del denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se constituye con un fragmento de los aportes impositivos de las obras sociales. Ese fondo tiene como propósito devolverles a las entidades de salud de los gremios el valor pagado por los tratamientos médicos y los remedios más costosos, correspondientes a enfermedades o discapacidades que generan gastos extraordinarios.

La disputa por el FSR surgió porque el Gobierno anterior destinó sólo una parte a financiar esos tratamientos, y resolvió devolver el dinero en formato de reintegros a cambio de la presentación de expedientes, cuando años antes se entregaban los recursos como subsidios. Para los gremialistas era una forma de la administración anterior de condicionar el accionar sindical; para los exfuncionarios, se trataba de un mecanismo para verificar que no se produjeran desvíos como los detectados en el caso conocido como "mafia de los medicamentos".

En cualquier caso, y como consecuencia de las subas salariales acordadas en paritarias, el FSR tuvo una acumulación incesante en los últimos años (todo lo que excedía del pago de los expedientes por prestaciones médicas) hasta llegar a un valor actual cercano a los 30 mil millones de pesos, que permanecen inmovilizados como un asiento contable en el Banco Nación. Una de las promesas de campaña de Macri a los gremialistas fue destrabar esos recursos en su totalidad.

Las gestiones incesantes de los líderes de la CGT, que en todas las reuniones con funcionarios incluyeron ese tema con igual o mayor énfasis que otros como la inflación, la ola de despidos o los tarifazos, dieron fruto y quedarán plasmadas en las resoluciones que anunciará mañana Macri.

La medida con mayor impacto inmediato será, como adelantó este diario en abril pasado, la distribución de $2.700 millones correspondientes al excedente 2015 del FSR. Con ese monto se pagarán unos 85 mil expedientes por reembolsos ingresados por los gremios antes de 2012 (cuando cambió el sistema) y hasta ahora no saldados por aparentes defectos de forma. Será una suerte de declaración jurada: las obras sociales recibirán el 80% de lo denunciado como deuda pendiente y el resto se pagará al término de una auditoría sobre todos los trámites.

Para el total de los 30 mil millones acumulados se dará a conocer un mecanismo de reparto mediante bonos públicos que deberán quedar en la Argentina, con afectaciones específicas a cuestiones de infraestructura sanitaria o pago de deuda a proveedores del sistema. Con esa decisión el equipo económico da por sentado que obtendrá un apoyo mucho más firme de parte de las principales organizaciones gremiales de la CGT, al menos en el trámite de reunificación de la central y con vistas a un segundo semestre plagado, por ahora, de amenazas de reapertura de paritarias para compensar la suba inflacionaria.

Habrá además otra decisión clave para las obras sociales: quedarán, con otra medida, liberadas del pago directo de las prestaciones médicas, tratamientos y medicinas para sus afiliados con discapacidad. Se trata de unas 30 mil personas que representan una porción sustancial de los recursos que deben destinar las organizaciones de salud de los gremios. En la actualidad, esos pagos corren por cuenta de las obras sociales y les son reembolsados por la Superintendencia de Salud, con recursos del FSR, sólo contra la presentación de expedientes por reintegros, que según afirman los gremialistas llegan tarde y por valores inferiores a los efectivamente abonados.

Las medidas tuvieron como gestores centrales a José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), el referente del sector en la CGT, y a Luis Barrionuevo, el gremialista con más inserción en el gabinete económico, aunque fue constante la presión en el mismo sentido de otros actores, como Hugo Moyano, los "gordos" de los grandes gremios de servicios y los "independientes", que son además protagonistas de la unificación de la organización bajo un triunvirato de conducción.