Mariano Lovelli, el abogado que realizó en la Cámara Federal de La Plata la presentación que finalmente desembocó en la anulación del tarifazo, opinó luego del fallo de la Corte Suprema que pone un límite a la suba de tarifas.
Luego de que la Corte exigiera al Gobierno la realización de audiencias públicas para determinar un aumento en la tarifa del gas, Mariano Lovelli, el abogado que realizó en la Cámara Federal de La Plata la presentación que finalmente desembocó en la anulación del tarifazo, consideró que sería una "triple torpeza" insistir en esa instancia con un porcentaje de incremento tan elevado.

"La audiencia no es vinculante, es decir que el Gobierno puede seguir sosteniendo su propuesta pese a las oposiciones. No sé que estará pasando por la cabeza del Presidente, el jefe de Gabinete o el ministro de Energía, pero seria una triple torpeza insistir una vez más en ese error", sostuvo en diálogo con ámbito.com.

"En ese proceso se discute la razonabilidad del valor de la tarifa, que tienen que ser justa, por lo tanto se tiene que demostrar que el aumento es razonable y justo para que la sociedad lo pague. Si no, puede ser pasible de impugnaciones. Si el Gobierno plantea un 1.000 por ciento de aumento va a tener que explicarlo", advirtió.

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Para Lovelli, dirigente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), "en principio, el fallo ratifica lo que dijimos desde un primer momento: sin audiencia pública no se puede hacer aumento tarifario alguno".

"El ministro Aranguren dice que una cosa es el precio y otra la tarifa. Pero más allá de la estrategia del Gobierno de segmentar los componentes de lo que es un servicio público, a la gente le llega una boleta y todo compone el servicio, por eso todo necesita pasar por una audiencia pública. Tienen que escuchar lo que tienen para decir los consumidores", añadió.

Lovelli criticó además que "se inventaron distintas calamidades que irían a suceder si había un fallo contrario; primero se dijo que habría inflación, luego se habló de endeudamiento, después que se frenaría la obra pública. Lo que el Gobierno debería hacer es reconocer los errores y actuar conforme a la ley".
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Además, adelantó que los aumentos en la tarifa de electricidad también podrían ser frenados por la Justicia. "La presentación tiene los mismos argumentos, no entiendo por qué no serían necesarias las audiencias públicas para aumentar la luz". Aunque explicó las diferencias en el caso de la tarifa del agua. "Lo del agua es distinto, porque tiene otras regulaciones, y en algunos casos se hicieron audiencias. En ese caso no hemos iniciado ninguna acción judicial, aunque no lo descartamos".

A su entender, las audiencias públicas fueron eludidas por el oficialismo como parte de una especulación política. "El Gobierno evitó las audiencias porque no podía demostrar que existían las condiciones para hacer los aumentos. Y creyó que, al estar en el período de 'luna de miel' con el electorado, le iban a perdonar cualquier cosa".