Belén, la joven detenida por la muerte de su bebé pese a que ella asegura que se trató de un aborto espontáneo, recuperó este jueves la libertad al hacerse efectiva la medida dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que dejó sin efecto la prisión preventiva que había ordenado la sala III de la Cámara penal que la condenó a ocho años de prisión.
La joven tucumana salió esta noche de la cárcel de mujeres, ubicada en Banda del Río Salí, al este de la capital tucumana, donde estaba detenida desde hace más de dos años.

El martes, la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenó que la joven recuperara la libertad a través de una resolución firmada por los jueces Daniel Posse, Antonio Estofán y Antonio Gandur.

Los integrantes del alto tribunal entendieron que no había riesgo alguno de que la condenada entorpeciera el proceso judicial en la que está involucrada, por lo que ordenaron el cese de prisión aunque no analizaron la cuestión de fondo.

El tribunal integrado por Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, condenó a Belén en abril a ocho años de prisión por considerarla culpable de homicidio agravado por el vínculo.

Al mismo tiempo, los jueces decidieron que la joven debería seguir privada de su libertad hasta que la sentencia quedara firme, resolución que fue apelada por la abogada defensora de Belén, Soledad Deza.

Esta mañana, Deza había presentado un habeas corpus
en la Corte Suprema de Tucumán para que "se le otorgue la inmediata libertad" a la joven, dispuesta el martes por el máximo tribunal, la cual aún no se había hecho efectiva "debido a trabas burocráticas",

Asimismo, cuestionó en el escrito que los jueces que la condenaron por homicidio hayan revelado el verdadero nombre de la joven "violando su privacidad y sus derechos".

La Corte ordenó el martes anular la prórroga de la prisión preventiva de la joven de 27 años, presa desde 2014 y condenada en abril último, y su inmediata libertad.

"Son muchos los obstáculos burocráticos que encontramos al día de la fecha para concretar su salida del Penal
y lo que debió ser un acto inmediato fue dilatado", señaló Deza en su presentación.

Belén fue llevada ayer a una sede judicial "donde fue citada la prensa", por lo que "tuvimos que esperar cinco horas para poder salir con ella", agregó la abogada.

El requisito que impuso la Cámara es el pago de una fianza, decisión cuestionada por la defensa: "Mi defendida está en libertad y esa libertad no corresponde ser afianzada",
aseveró.

Once organizaciones de Mujeres, de Derechos Humanos, de juristas, así como legisladores reclamaron este jueves a través de un comunicado "que se respete el fallo de la Corte Suprema de Tucumán y se disponga la inmediata liberación de Belén", la joven tucumana que lleva más de dos años presa tras ser condenada por homicidio culposo "a pesar de que su historia clínica consignó un aborto espontáneo".

"La Corte Suprema tucumana dispuso la liberación de Belén, gracias a los oficios de su abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Sin embargo, luego de más de 24 horas de la medida, continúa detenida", dice el texto que firman, entre otros, Amnistía Internacional, el CELS y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

"Queremos llamar la atención sobre la facilidad con que una muchacha pobre puede pasar del hospital a una cárcel y la dificultad que toma salir del sistema penal", agregaron.

El comunicado pertenece también a Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Pensamiento Penal, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina y diputados del Partido Obrero (Bloque Frente de Izquierda) y la Asociación Personal de Empleados Legislativos (APEL).

Las agrupaciones denunciaron que durante los "900 días" en que Belén estuvo detenida con prisión preventiva hasta el fallo condenatorio de abril de este año y los días de prisión que siguieron desde entonces, "fue despojada de derechos y sometida a distintas violencias por parte del Estado".

"Las organizaciones que nos presentamos como amigos del tribunal esperamos que la Corte aproveche este caso para dictar una sentencia conforme a los estándares de derechos humanos, que no solo anule la condena de la joven sino que tenga efectos de no repetición. El caso de Belén reveló una serie de prácticas institucionales que perpetúan la violencia de género", aseguraron.