El gobierno organiza una convocatoria a los gobernadores para que lo apoyen en la audiencia pública que el viernes ya fuera informada a través del Boletín Oficial. Mauricio Macri ya está decidido a avanzar y todo indica que en el mismo camino. En materia de fondos los gobernadores peronistas tienen diálogo con la administración. Recibirán giros por otros $ 24.000 millones y siguen cumpliendo así con las promesas tras el acuerdo por el reintegro de la coparticipación retenida y liberada también por un fallo de la Corte.

De acuerdo a lo que anticipa Ámbito Financiero, Macri negociará con los gobernadores, pero no utilizará por ahora, confirman en la Casa Rosada, algunos argumentos que el propio pronunciamiento de la Corte del jueves puso en sus manos. Argentina tiene subsidios a distintos sectores que el macrismo prometió desarmar en la campaña.

Entre ellos esta uno que se lleva una buena parte de la torta distribucionista que agobia al fisco y alimenta el déficit fiscal del país: la garantía del precio sostén del barril de crudo que beneficia a las provincias petroleras. En Argentina el barril de crudo se cotiza entre US$ 55 y US$ 67 mientras que en el mundo ronda los US$ 44. La diferencia se la pone el Estado nacional a las provincias y ya hay una guerra paralela a la de tarifas tras el anuncio de Aranguren de comenzar a reducirlos en tres tramos. Santa Cruz será una de las más perjudicadas por la eliminación.

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Por otra parte, la Corte Suprema indicó al gobierno que no puede avanzar en modificaciones al precio del gas en boca de pozo dentro de un mercado regulado, como el que inauguró Eduardo Duhalde en el 2002. Pero dejó en claro que no necesitaría audiencia alguna si se tratara de un esquema de precio que se fijen en el mercado por oferta y demanda. Ese es el horizonte que debería tener el PRO por delante si cumpliera con su promesa de normalizar la economia del país. La amenaza está, pero no para usarla ahora, afirman en el macrismo.

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Macri tiene otra batalla que pelear para garantizarse el consenso en este tema y no es con enemigos sino con los radicales, sus socios en Cambiemos. En la UCR juran que siempre recomendaron avanzar con la suba tarifaria pero con una audiencia pública previa.

La situación de Juan José Aranguren dentro del gobierno es otro capítulo. Cada funcionario que crítica de una u otra forma la participación del Ministerio de Energía en la forma en que se decidió el aumento tarifario termina acordando que está firme en su puesto. Lo hizo Germán Garavano la semana pasada cuando afirmó, tras el fallo de la Corte Suprema, que la suba de tarifas fue un proceso técnico que partió del Ministerio de Energía y no de una decisión del presidente. Ese golpe directo a Aranguren tiene un doble juego de protección: a Macri, obviamente, pero especialmente a Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la presidencia, un funcionario que debió haber tenido un rol clave en la decisión.

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El Legal y Técnico es un funcionario esencial a la hora de cuidarle las espaldas al presidente de la Nación. Cristina de Kirchner colocó allí a Carlos Zannini, Macri eligió a Clusellas, que fue su Secretario Legal y Técnico por ocho años en la Jefatura de Gobierno porteño. Como sea la víctima de este proceso vuelve a ser Aranguren.