Federico Delgado consideró "prematura" la decisión del juez Sebastián Casanello de archivar el caso. Criticó al magistrado por el "modo brusco" en que archivó el caso.

El fiscal federal Federico Delgado apeló el cierre de la denuncia contra el jefe de gabinete Marcos Peña por el por el supuesto uso ilegal de datos de la Anses, al considerar "prematura" la decisión del juez Sebastián Casanello de archivar el caso. Criticó al magistrado por el "modo brusco" en que archivó el caso.

Delgado ahora pretende que la Cámara Federal revierta el cierre dispuesto por Casanello y que se investigue una denuncia de la abogada Valeria Carreras, ante la posibilidad de que se hubiese aprobado un ilegal "convenio marco para el traspaso de datos de Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros".

El fiscal calificó el cierre del caso como prematuro y pidió que se abra la investigación.

"Y es prematura porque el Señor juez instructor (Casanello) impidió realizar un escrutinio sobre un acto administrativo en base a especulaciones y adjetivos que dimanan de la voluntad del Señor juez, pero que carecen de elementos de prueba incorporados a la causa, que es la única base material que permite cerrar un proceso del modo en que se hizo", sostuvo el fiscal.

Según el fiscal, "no se estudió si la decisión administrativa del gobierno que alcanza a la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Administración de la Seguridad Social y de la Secretaría de Medios contravino el régimen de protección de datos personales".

"Es decir, que el magistrado debía: A) dirimir la tensión entre un acto administrativo y una ley que es una norma de jerarquía mayor. B) Eventualmente, determinar si una posible infracción de la norma inferior a la superior se veía atrapada por alguna disposición del Código Penal. C) Para esa tarea, relativamente sencilla, la fiscalía había sugerido requerir una opinión a los expertos del Estado, más dos opiniones independientes.

"Ninguno de esos tres pasos se cumplió, pese a que se trataba de un tema dramático en estos tiempos atravesados por la revolución comunicacional, pues se inscribe en la relación entre la privacidad de las personas que está protegida por la Constitución Nacional y los límites del poder administrador a la hora de cumplir con el artículo 1 de la constitución que consagra la publicidad de los actos de gobierno. Al resolver de la manera en que lo hizo, el Señor juez se salteó la etapa previa de una sentencia, que es la de la investigación", criticó el fiscal la decisión de Casanello.

Para el fiscal, "era más sencillo estudiar el tema de fondo con las opiniones de los expertos, en un marco de mayor pluralidad enriquecido por muchas miradas, para elaborar una sentencia proporcionada con los bienes jurídicos en juego. No obstante, el modo brusco en que se cerró la causa generó el agravio que justifica esta presentación".