Vanesa Petrillo
Vanesa Petrillo

El juez federal requirió a la Unidad de Información Financiera que comunique si se reportaron operaciones sospechosas la fundación que preside la vicepresidenta. También requirió al Banco Central información sobre cuentas y plazos fijos de la organización.

En el marco de la causa en la que investiga los fondos del dinero robado de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el juez federal Ariel Lijo requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central información sobre la fundación que preside la funcionaria.

El magistrado pidió "con carácter de urgente" que la UIF comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero en relación a la actividad financiera de la fundación SUMA.

Asimismo, solicitó al Banco Central información sobre cuentas, plazos fijos y productos bancarios de la organización.

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Ayer el magistrado, en el marco de la causa en la que se investiga el origen de los fondos robado de la casa de Michetti en noviembre del año pasado, ordenó un procedimiento en la fundación ya que quiso llevarse los libros contables, pero no estaban. La organización se comprometió a llevarlos en persona al juzgado.

En cuanto al pedido a la UIF, el juez en una resolución dijo que en caso afirmativo se "deberá remitir la documentación correspondiente. Además, deberá informar si ha recibido reportes por parte de las UIF de otro país en relación a la persona jurídica mencionada"

El juez ordenó además que se levante el secreto bancario y requirió al Banco Central de la República Argentina que, con carácter urgente, emita una circular "D" a todas las entidades bancarias, financieras y cambiarias solicitando que, en el término de diez días, informen si la fundación "SUMA PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON VISIÓN ESTRATÉGICA" "registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etc.), así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física".

En caso afirmativo, el juez quiere saber todos los productos y/o servicios contratados; detalle de todos los cotitulares, firmantes, apoderados (y de corresponder, accionistas, directores y representantes declarados en la documentación bancaria y/o los registrados en el sistema informático de la entidad), debiéndose informar sus datos filiatorios (nombre, apellido, tipo y número de documento, nacionalidad, domicilio, etc.).

El juzgado quiere conocer la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario.

También se requirió que "deberá comunicarse a esta sede la totalidad de las operaciones de cambio de divisas que haya realizado la persona jurídica mencionada".

La información solicitada corresponde al período comprendido desde la constitución de la fundación, esto es 15 de septiembre de 2009 hasta la fecha, y que las respuestas deberán ser recibidas por el BCRA, donde en el término de 15 días de recibida la presente, ordenó el juez.